La Misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió este lunes al gobierno de Venezuela cesar la “creciente represión” tras las presidenciales del 28 de julio e investigar “exhaustivamente” las muertes registradas en las protestas que se desencadenaron tras denuncias de fraude.

Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto para un tercer mandato con el 52% de los votos -frente al 43% del opositor Edmundo González Urrutia-, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, no ha publicado el detalle del escrutinio, lo que alentó manifestaciones en todo el país.

“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión sobre Venezuela, citada en un comunicado.

El reporte contabilizó preliminarmente 23 fallecidos, la mayoría por disparos, durante las protestas para rechazar los resultados del ente electoral, que anunció la reelección de Maduro en medio de denuncias de fraude de la oposición.

Después de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Misión indicó que al menos 1.260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. 

Maduro ha dicho que van más de 2.200 arrestados, a quienes tilda de “terroristas”.

“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión. 

Entre los detenidos hay dirigentes, simpatizantes de partidos, periodistas, así como defensores de derechos humanos, considerados o percibidos como opositores por las autoridades, según el informe. 

Muchas de las capturas, agrega el documento, ocurrieron después de que las personas participaron en manifestaciones o expresaron sus opiniones en redes sociales.

El reporte subraya informes sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas y que no cuentan con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales.