El encarcelado expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022), condenado por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, exhortó este viernes a la justicia nacional a acatar de inmediato el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que señala que sufrió una detención arbitraria y demanda su excarcelación inmediata.
En un mensaje publicado en la red social X, en el que personas que administran su cuenta, Castillo hizo un «llamado enérgico» y exhortó firmemente a todos los organismos peruanos e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la administración de justicia del Perú, a «acatar de inmediato» e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas.
«Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional», apuntó el exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo, conocido como la prisión para expresidentes peruanos.
Allí, Castillo cumple una condena de 11 años y 5 meses por conspiración para una rebelión.
Castillo se defiende
Castillo, quien se presentó en su mensaje como presidente constitucional, afirmó que el dictamen es «un hito trascendental en la lucha por la justicia ante el colapso del sistema democrático en nuestro país», del cual dice haber sido víctima en los últimos años.
Recordó que la opinión de este grupo de Naciones Unidas confirma, de manera inequívoca, que su encarcelamiento «nunca tuvo justificación y que se llevó a cabo vulnerando normas fundamentales del constitucionalismo, el antejuicio político, el debido proceso y los acuerdos internacionales».
«El mundo conoce ahora los hallazgos contenidos en esta opinión y puede observar cómo los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal, violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto ‘alzamiento en armas’ que nunca ocurrió, quebrantando de esa manera el Estado de derecho», manifestó Castillo.
También, agregó que esta decisión se adoptó sobre la base de los principios universales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), tratado internacional vinculante del cual el Estado peruano es parte y que «está obligado a cumplir de buena fe, en el marco de sus compromisos internacionales».
Futuro incierto
La policía detuvo a Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, minutos después de su fallido intento de golpe de Estado, en el que dio un mensaje a la nación para cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura, con tal de evitar un probable nuevo intento del Legislativo para destituirle tras aparecer indicios de corrupción que lo implicaban directamente a él.
Su propia escolta lo detuvo cuando se dirigía hacia la embajada de México en Lima y el Congreso finalmente lo destituyó sin tener los votos suficientes para hacerlo en el mismo día, y sin darle derecho a la defensa.
La defensa del exgobernante ha presentado seis pedidos de indulto, los cuales la justicia ha rechazado hasta el momento con el argumento de que el proceso aún sigue en marcha debido a que los abogados apelaron ante tribunales superiores.
Actualmente hay una solicitud de gracia presidencial que revisa la Comisión de Gracias Presidenciales.
La nueva solicitud pide al Poder Ejecutivo que aplique una atribución prevista en la Constitución peruana que permite al gobernante ejercer el derecho de gracia en determinados casos establecidos por la norma, entre ellos a los condenados sin sentencia firme, como es el caso de Castillo.
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