Un grupo de mujeres indígenas del norte de Guatemala exigieron este martes a un tribunal que se condene a los nueve exmilitares acusados de masacrar a 25 miembros de sus familias en julio de 1982, durante el régimen del dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).
“Yo no vengo a mentir acá, mataron a mi hermana y mis sobrinos que no sabían nada, por eso yo he luchado por más de 25 años para que los crímenes cometidos no queden impunes”, declaró a EFE Paulina Ixpatá, familiar de las víctimas de una masacre cometida por un contingente militar en el caserío Rancho Bejuco, en el departamento (provincia) de Baja Verapaz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.
Una mancha en la historia de Guatemala
Las palabras de Ixpatá tuvieron lugar en el Organismo Judicial del país centroamericano, previo a realizar una petición final ante el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, que se encuentra juzgando a los militares acusados.
Ixpatá, de 60 años, llegó al tribunal portando un retrato en blanco y negro de su hermana Sofía Ixpatá Alvarado, víctima de la masacre en 1982.
Los militares que enfrentan juicio por delitos contra los deberes de la humanidad están sindicados por el Ministerio Público (Fiscalía) de haber encerrado en una vivienda a 25 personas y lanzar explosivos hacia la estructura. Posteriormente, fueron enterradas en una fosa común.
Según la Fiscalía, las fuerzas armadas realizaron este acto porque los hombres de esta familia se habían negado a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar compuesta por campesinos bajo el mando del Estado.
De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), esta masacre cometida durante la dictadura de Ríos Montt ejemplifica “la persecución sistemática del Estado para eliminar a la población maya de la región”.
25 años buscando justicia
Ixpatá explicó a EFE que en 1997 denunciaron la masacre ante las autoridades y fue hasta en 2022 cuando los sospechosos de participar en el crimen fueron detenidos.
“El día de la masacre yo fui al mercado con mis padres. Cuando regresamos a nuestra casa la puerta estaba abierta y todo quemado”, recuerda Ixpatá.
Este martes, la defensa de los nueve acusados rindió sus conclusiones ante el tribunal y pidió que los absuelvan porque supuestamente cuando sucedió la masacre ellos no estaban en servicio militar.
Los militares que enfrentan juicio son el comandante Juan Ovalle Salazar y los comisionados militares Mario Córdova y Santiago Cojón.
También están sindicados los expatrulleros Juan López, Carlos Sesam, Lauro Garrido, Lázaro Alvarado, Mario Garrido y Santos Cojón Galeano.
El próximo 17 de agosto se espera que el tribunal dé por concluido el debate tras haber exhibido todas las pruebas documentales y testimonios ofrecidos por la Fiscalía.
Durante el régimen de Ríos Montt se masacraron a 1.500 indígenas del norte de Guatemala y por esos crímenes recibió una sentencia por genocidio en 2013. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, revocó la sentencia días después.
El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996.
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