Familiares y representantes de víctimas de la represión de violentas protestas en contra del Gobierno en Perú, el pasado 9 de enero, denunciaron ayer, jueves, irregularidades en la investigación de los hechos, que dejaron 18 manifestantes fallecidos y unos 180 heridos.
En las manifestaciones en Juliaca, la principal ciudad de la región altoandina de Puno (1.300 kms al sureste de Lima), falleció también calcinado un policía, hasta ahora el único miembro de las fuerzas del orden que ha perdido la vida en las movilizaciones que empezaron en diciembre.
“En Puno ha sucedido una masacre, han asesinado a civiles con armas de fuego (...) Puno precisa justicia pronta, son cerca de dos meses y aún las diligencias (fiscales) no se han realizado”, declaró Wilmer Quiroz, abogado de las víctimas.
Relató que la investigación se ha dilatado, pues estuvo inicialmente en manos de policías y fiscales especializados en crimen organizado, que acabaron dejando el caso a una fiscalía común de Juliaca.
