Estados Unidos y Naciones Unidas anunciaron este lunes su apoyo financiero y técnico a un plan oficial para elevar los "estándares en derechos humanos" por parte de la policía colombiana, cuestionada por la sangrienta represión de protestas.
Con este programa se buscará "fortalecer el conocimiento de la policía sobre los mejores estándares en derechos humanos (...) y generar mayor confianza de las comunidades", dijo el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos de la Casa Blanca, Todd D. Robinson, durante una presentación en Bogotá.
Washington invertirá 10 millones de dólares en la iniciativa, que contempla la creación de un observatorio para "prevenir la violación de derechos humanos" y cursos obligatorios para los uniformados en "uso de la fuerza como medio de policía", según detalló el nuevo director de la institución, general Henry Sanabria.
Al evento celebrado en las instalaciones de la policía asistieron congresistas de izquierda, líderes étnicos y otras voces críticas del accionar de la policía, especialmente durante las protestas antigubernamentales de 2021, en las que 28 civiles murieron a manos de la fuerza pública, según la ONU.
En adelante, la policía deberá acatar "estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza y el uso de las armas de fuego, incluso aquellas calificadas como de baja letalidad", indicó Juan Carlos Monge, representante en Colombia de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también participará en el proyecto.
El concejal de Bogotá Diego Cancino dijo a la AFP que el plan es un "primer paso" hacia un "cambio estructural".
"Es un paso para que la policía deje de ser tan endogámica y reconozca que debe haber transformación", explicó Cancino, quien en 2020 denunció la muerte de nueve personas en un incendio al interior de una estación de policía por presunta negligencia de los uniformados.
El delegado de la ONU respaldó una iniciativa del nuevo gobierno del izquierdista Gustavo Petro para sacar la policía de la cartera de Defensa y ponerla bajo la órbita de un nuevo ministerio de la paz, la seguridad y la convivencia.
El traslado "ayudará a dotar de mayor transparencia a los procedimientos policiales", según Monge.
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