La conferencia sobre el cambio climático de Glasgow (COP26) entra este sábado en sus horas decisivas, tras una larga noche de negociaciones en torno a la financiación o el nivel de ambición de los países.
Representantes de casi 200 países forcejean en torno a un texto que debe comprometer a todas las partes a reforzar su compromiso para cambiar de modelo energético, a establecer reglas claras de control mutuo y, aspecto vital, a establecer mecanismos de transferencia de dinero de los países que más contaminan a los que más sufren las consecuencias.
Desde el Acuerdo de París de 2015, el alarmismo ha crecido y el mundo se dirige a una situación "catastrófica" si no se toman medidas drásticas, insisten los científicos.
El objetivo fijado en París hace seis años era que la temperatura media del mundo no llegue a los +2 ºC, e idealmente se sitúe en un máximo de 1,5 ºC.
Para ello hay que elevar el nivel de ambición, imponer más recortes en la emisión de gases de efecto invernadero, planear un cambio radical del modelo energético.
La conferencia debería publicar un tercer borrador de sus conclusiones el sábado a las 08H00 (GMT), informó la presidencia británica. Normalmente tras ese documento se abre una sesión plenaria, en la que todas las partes exponen sus quejas o satisfacciones, antes de dar por concluida la conferencia.
Decisiones no obligatorias
Las decisiones de las conferencias de la ONU sobre el cambio climático no son obligatorias, pero la urgencia climática ha ido calando en los gobiernos.
Hasta el punto de que algunos países productores de gas y petróleo como Arabia Saudita admiten abiertamente que el objetivo de +1,5 ºC implica un cambio de modelo económico.
La forma en que el documento final de la COP26 mencione los combustibles de origen fósil (el petroleo, el gas y el carbón), será un indicador del nivel de ambición de la comunidad internacional.
Otro tema importante es si las casi 200 partes están dispuestas a mostrar un nuevo recorte de emisiones de gases de efecto invernadero el año que viene.
La manera como se contabilizan las emisiones, las normas de transparencia, de control mutuo, también está sobre la mesa.
Además, la comunidad internacional debe dar un paso adelante en los denominados mercados de carbono, es decir, la forma en que negocian permisos de contaminación, una fórmula que sin embargo despierta críticas en algunas organizaciones no gubernamentales, y comunidades indígenas.
Pero es sobre todo la financiación de este largo e incierto combate la que provoca más forcejeos.
Los firmantes del Acuerdo de París acordaron que hay que reorganizar los préstamos, las donaciones, las ayudas de los países desarrollados (los que históricamente han contaminado más y durante más tiempo, desde que se inició la Revolución Industrial) a los países en vías de desarrollo, a partir de 2025.
Ni siquiera se ha podido regularizar los 100.000 millones de dólares anuales que supuestamente tenían que recibir los países vulnerables desde 2020. Y esa cifra era tan solo una base.
Los países en desarrollo quieren que el dinero que vayan a recibir a partir de ahora sea, en líneas generales, repartido a partes iguales en mitigar el cambio climático (reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) y en adaptarse a lo que se viene (por ejemplo, mediante presas, diques en las costas, etc).
Además está el capítulo de daños y pérdidas a causa del calentamiento del planeta. Un tema especialmente controvertido, porque las grandes empresas, y algunos gobiernos, temen demandas multimillonarias.
Para numerosos países latinoamericanos, como los que comparten la enorme cuenca amazónica, también es importante la noción de pagos por servicios ecológicos, es decir, por preservar la selva, pulmón del planeta.
"Hemos estado intentado embarcar al mundo en políticas caras, que ni siquiera los países ricos cumplen. En resumidas cuentas, necesitamos una mejor política. Necesitamos innovación ecológica", advierte Bjorn Lomborg, del Instituto Copenhague.
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