La asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) dispone tan solo de unas horas, hasta su clausura este viernes, para decidir si adopta el proyecto de resolución sobre Nicaragua tras las polémicas elecciones en las que Daniel Ortega salió reelegido.
Desde que el proyecto de resolución fue impulsado el miércoles por ocho países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) se ha hecho más evidente la separación entre los que defienden que la OEA endurezca su posición y los que piden que no se entrometa.
El proyecto de resolución, que puede adoptarse por mayoría simple de 18 votos, pide al Consejo Permanente de la OEA que haga "una evaluación colectiva inmediata (...) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas".
En cualquier caso el texto no pide abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados.
Pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de "la evaluación colectiva".
El jueves, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica condenaron al gobierno de Ortega, reelegido el domingo tras haber detenido o forzado al exilio a los opositores con posibilidades de derrotarlo.
La Carta Democrática Interamericana describe las consecuencias para los gobiernos de la región que no respeten los derechos humanos y "tenemos que respetar esta carta", insistió el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
"No se vale desconocer" la Carta Democrática, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores costarricense, Rodolfo Solano.
Lluvia de críticas
Como un mantra, el representante de Managua solicitó el derecho de réplica para afirmar que las elecciones fueron "libres" y pedir "respeto".
Cuando le llegó el turno a su país, que se suceden por orden alfabético, su representante, Michael Campbell, recalcó: "Nicaragua, señor presidente, merece respeto, no sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas".
En junio el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21.
Un posicionamiento que ha valido a la organización una lluvia de críticas en esta asamblea general, que transcurre bajo el lema "Por una América renovada".
Argentina dijo que "todo Estado tiene el derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social; México advirtió que no acepta que la organización "asuma que cuenta con poderes supranacionales o con instrumentos para intervenir en asuntos internos" y Bolivia sugirió "repensar la OEA".
Otros países citaron a Venezuela en sus intervenciones, que fueron virtuales por segundo año consecutivo debido a la pandemia.
Brasil pidió al presidente Nicolás Maduro que "demuestre su buena fe en el ámbito del proceso negociador" con la oposición encabezada por el dirigente Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.
El hecho de que Venezuela esté representada en la OEA por un delegado de Guaidó molesta a algunos Estados miembros.
México, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Dominica, Antigua y Barbuda, Belice y Trinidad y Tobago se basan en que no tiene cabida dado que Venezuela no es un Estado miembro de la organización tras haber pedido en 2017 salirse de la OEA.
La crisis sanitaria provocada por el covid-19 está siendo uno de los temas más recurrentes en los discursos, en una región con el 32% de muertes pese a representar el 8% de la población mundial.
También se habló de la importancia del empoderamiento de la mujer, el calentamiento global, la pobreza y las minorías.
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