Bielorrusia amenazó el jueves con responder a posibles sanciones europeas relacionadas con la crisis en su frontera con Polonia, donde algunos miles de migrantes están bloqueados en condiciones difíciles.

Como muestra de la creciente preocupación de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe reunirse urgentemente el jueves para examinar la situación entre esos dos países de Europa oriental.

La preocupación se cristaliza en la suerte de más de 2.000 personas que se hallan en un campamento improvisado en el lado bielorruso de la demarcación, donde luchan contra el frío quemando madera para soportar temperaturas cercanas a 0ºC.

Bruselas, que teme una ola migratoria similar a la de 2015, acusa al régimen de Alexander Lukashenko de haber orquestado esta afluencia para vengarse de las sanciones occidentales, y anunció nuevas medidas punitivas la semana próxima.

Por su parte, el jueves Lukashenko amenazó a la Unión Europea con "responder" a cualquier nueva sanción.

Según un comunicado de la presidencia bielorrusa, mencionó en particular la posibilidad de suspender el funcionamiento del gasoducto Yamal-Europa, que atraviesa Bielorrusia y entrega gas ruso, combustible vital para los europeos en plena crisis energética.

Poco antes, su ministro de Asuntos Exteriores, Vladimir Makei, hizo un llamamiento a la UE para el diálogo, afirmando que Minsk estaba a favor de una solución de esta crisis "lo antes posible".

Una guerra diferente

Enfrentada a una afluencia creciente de migrantes en su frontera, en particular kurdos de Medio Oriente, Polonia desplegó 15.000 militares, erigió una valla con alambre de púas y aprobó la construcción de un muro.

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, que el miércoles acusó al régimen de Lukashenko de "terrorismo de Estado", estimó el jueves que su país era objeto de una "guerra diferente". Esta vez, "las municiones (utilizadas) son civiles", declaró en un comunicado publicado con ocasión de la fiesta nacional de la Independencia polaca.

Los guardias fronterizos de Polonia informaron el jueves sobre 468 nuevos intentos de cruzar, producidos la noche anterior. El viceministro polaco del Interior, Bartosz Grodecki, precisó que un grupo de "150 personas" había intentado "forzar la frontera".

Desde agosto, Polonia registró un total de más de 32.000 intentos de entrada ilegal en su territorio, de los cuales 17.300 en el mes de octubre.

Según el diario polaco Gazeta Wyborcza, 10 personas murieron en la zona fronteriza desde el comienzo de la crisis.

Bruselas acusa al gobierno de Bielorrusia de atraer a los candidatos al exilio ofreciéndoles visados y fletando vuelos, para luego transportarlos a la frontera polaca.

Varsovia afirma además que las fuerzas de seguridad bielorrusas recurren a la intimidación para obligar a los migrantes a entrar en territorio polaco, en particular disparando al aire.

A cambio, Minsk sostiene que los guardias fronterizos polacos violan las normas internacionales al bloquear a los migrantes y rechazarlos con violencia.

Ante este callejón sin salida, la UE y Alemania pidieron el miércoles a Rusia, principal apoyo de Minsk, que intervenga.

La canciller alemana Angela Merkel instó al presidente ruso Vladimir Putin a "utilizar su influencia" ante Lukashenko para poner fin a lo que calificó de instrumentalización "inhumana" de los migrantes.

El jueves París consideró que Rusia era "parte de la solución, ya que la dependencia de Bielorrusia de Moscú es cada vez más fuerte", especialmente en el plano económico y político-militar.

Moscú, que Varsovia considera como el verdadero instigador de esta crisis, se limita por el momento a aportar su apoyo a Minsk, y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, denunció el miércoles una "campaña antibielorrusa".

A la espera de cualquier progreso de la crisis, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el miércoles "una ampliación de las sanciones" contra Bielorrusia a principios de la próxima semana.

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