Ninguna sorpresa. Nicaragua celebrará el domingo unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos, se apresta a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, bajo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca.
Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo (70), a quien llama "copresidenta", a la cabeza del exguerrilero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
En las calles nadie lo duda. Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores en una ofensiva que desde mayo encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.
La arremetida desató el temor a este empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes. "No hay por quién votar. Daniel tiene esto en la bolsa", dijo a AFP una mujer de 46 años en su casa en Masaya, 35 km al sur de Managua. Pidió anonimato: "No se puede hablar, vas preso", afirmó.
Unos 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar -también para elegir 90 diputados-, y según un sondeo de Cid-Gallup el 65% habría votado por un opositor y un 19% por Ortega, aunque la encuestadora progobierno M&R afirma que un 70,7% votará por el FSLN y un 11,2% por los candidatos desconocidos.
De los aspirantes de la oposición, la favorita según los sondeos era Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y bajo arresto domiciliario.
Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía y promover sanciones contra Nicaragua, "traición a la patria" o "lavado de dinero", en virtud de leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.
Más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron, sobre todo en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino "criminales" y "golpistas" patrocinados por Washington.
Arsenal de sanciones
La oleada de arrestos tensó las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos y la Unión Europea -que sancionaron a familiares y allegados a Ortega-, pero también con gobiernos aliados como México y Argentina.
El Congreso estadounidense aprobó el miércoles la ley "Renacer", un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Ortega y Murillo, acusándolos de corrupción, violación de derechos humanos y de no permitir elecciones "libres".
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró el martes que las elecciones serán "ilegítimas" y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo buscan "la perpetuación en el poder en forma indefinida".
Ortega, cuyos principales aliados son Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a la UE de "injerencia": "Están acostumbrados a no respetar las soberanías de los pueblos, pero tendrán que aprender".
La experta en temas de gobernabilidad Elvira Cuadra, en el exilio, dijo a AFP que el aislamiento afectará inversiones y financiamiento internacional, con riesgo de un deterioro social y aumento de la migración.
Ortega y Murillo aseguran que con "paz" llegará la prosperidad. Su gobierno augura un crecimiento económico del 6% este año y pretende convocar un diálogo tras los comicios.
"Ese diálogo es solo parte de su estrategia para buscar la legitimidad que no ganó en las urnas", afirmó a AFP el analista Eliseo Núñez.
El politólogo costarricense Kevin Casas opinó que, "igual que con Venezuela", difícilmente la comunidad internacional podrá hacer algo para cambiar la "autocracia" que viene forjando el líder del FSLN desde que volvió al poder en 2007, con reformas que instauraron la reelección indefinida.
"Estado policial"
El exguerrillero ya había gobernado en los años 1980 tras ayudar a derrocar al dictador Anastasio Somoza. Sus opositores lo acusan de convertirse en lo mismo, mientras él llama a su gobierno "Pueblo-presidente".
Mientras el FSLN multiplica la entrega de casas y carreteras, la oposición, desde el exilio, descabezada y fragmentada, pide a los nicaragüenses "quedarse en casa".
Desde San José, Miami, Madrid y otras ciudades de Europa y Latinoamérica, los exiliados preparan protestas para el domingo.
Afectados por la pandemia, el costo de vida, el desempleo y la crisis política, en Nicaragua la población ha mostrado apatía electoral.
"No hay nada, el movimiento lo tienen ellos, no el pueblo. Aquí la pobreza reina (...) Si no trabajo no como", dijo a la AFP Eduardo González, de 76 años, vendedor de espejos en una calle de Masaya.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, considera que en Nicaragua hay un Estado policial "para tener el control social de la población, reprimir y aplastar opositores".
Decenas de periodistas nicaragüenses trabajan desde Costa Rica y varios medios internacionales denunciaron que les negaron ingresar al país.
Más de 30.000 policías y militares resguardarán 13.459 mesas electorales que abrirán a las 13H00 GMT y cerrarán once horas después. El gobierno no aceptó observación internacional, solo "acompañantes invitados". El resultado se sabrá la misma noche.
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
