Distintas organizaciones de derechos humanos, de colectivos LGBT y mujeres, entre otras, enviaron  una carta al presidente del Estado Luis Arce para solicitarle el restablecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia. Calificaron como “valioso trabajo” de esta instancia para aportar al fortalecimiento institucional del país.

“Solicitamos enfáticamente la continuidad y ampliación del mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia. Un equipo permanente mediante el establecimiento de una oficina en Bolivia de la Oacnudh permitiría contar con su asistencia técnica y apoyo en el fortalecimiento institucional del Estado boliviano, en especial, frente a los efectos nefastos de la crisis política y social vivida en el país”. 

El último representante en este cargo fue Denis Racicot, quien concluyó su misión en diciembre de 2017, después de 10 años de labor.

Los remitentes, agregaron que, con la llegada de Arce a la Presidencia, surgió “la esperanza del inicio de un proceso de reconciliación, en el que el respeto, protección y promoción de los derechos humanos sean la base para la consolidación de la democracia y la reconstrucción del tejido social”. 

En la nota, explican que, desde los conflictos postelectorales de 2019, se evidenció una “profunda polarización” en la sociedad, el resurgimiento de actitudes de racismo, discriminación e intolerancia y “graves” violaciones a los derechos humanos, “así como actitudes de persecución y revanchismo que no condicen con la senda de los derechos humanos”, aspectos que deben llamar a la reflexión y a tomar acciones de forma “decidida”.

Incluyeron en la misiva el detalle de muertes y otros excesos registrados en los conflictos postelectorales de 2019. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, 37 personas murieron en Betanzos (Potosí), Norte Integrado (Santa Cruz), al sur de La Paz, Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). De ese total, 27 murieron por disparos por proyectiles de arma de fuego. 

“También se registraron numerosos heridos (en parte con un nuevo tipo de balines que penetran profundamente en el cuerpo). Se produjo un elevado número de personas detenidas arbitrariamente y con signos evidentes de tortura en El Alto, La Paz y Cochabamba. La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en ese accionar represivo, junto con un sistema de justicia instrumentalizado”, se lee en la nota. 

Observaron que con la convocatoria a nuevas elecciones “parecía iniciarse un proceso de reconciliación y pacificación, sin embargo, ello no sucedió” y que el acuerdo suscrito entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH) y el Estado para constituir el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con el fin de que se realicen investigaciones sobre los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos en el país, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, no cumplió a cabalidad con su objetivo y varios hechos continúan en la impunidad. 

Agregaron que la misión técnica de la Oacnudh presentó en agosto del año pasado una hoja de ruta para prevenir violaciones a los derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas y allanar el camino hacia unas elecciones pacíficas, participativas e inclusivas, sin embargo, aun después de estas elecciones la polarización en el país continúa.

Indicaron que es de gran importancia una representación de la Oacnudh en el país para que contribuya a la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas.

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