La primera vista tuvo lugar, bajo fuertes medidas de seguridad, en un tribunal especialmente creado en la capital, Naipyidó.

En arresto domiciliario desde el 1 de febrero, la premio Nobel de la Paz 1991 —“en buen estado de salud”, según sus abogados, pese a las semanas de aislamiento– debe hacer frente a variopintos procesos judiciales.

Este lunes, empezó el juicio por la importación ilegal de walkie-talkies, el no respeto de los protocolos contra el covid-19 y la violación de una ley sobre telecomunicaciones.

Compareció un responsable de la policía que declaró que Aung San Suu Kyi infringió las restricciones anticovid durante las elecciones del año pasado, dijo a la AFP una de sus abogadas, Min Min Soe.

Otro policía testificó sobre los cargos relacionados con los walkie-talkies, añadió.

El martes se abrirá otro proceso por sedición, en el que la líder birmana comparecerá junto al expresidente de la república Win Myint.

La lider, de 75 años, también está inculpada por haber infringido una ley sobre secretos de Estado de la época colonial y por corrupción, acusada de haber recibido más de medio millón de dólares y una decena de kilos de oro en sobornos. Por el momento, no se ha comunicado ninguna fecha para estos dos procesos, cuyas acusaciones acarrean las peores penas.

Prepararse “para lo peor”

Aung San Suu Kyi todavía no ha podido defenderse ante el tribunal, pero “parece decidida a hacer valer sus derechos, sea cual sea el resultado”, comentó uno de sus abogados, Khin Maung Zaw. “Nos preparamos para lo peor”, aseguró, sin embargo.

Si es declarada culpable, podría ser condenada a penas de muchos años de cárcel.

El jefe de la junta “Min Aung Hlaing está determinado a encerrarla para el resto de su vida”, dijo a la AFP Debbie Stothard, coordinadora de la red Alternativa ASEAN. “Vamos a presenciar un proceso espectáculo únicamente motivado por razonas políticas”.

“Este juicio es manifiestamente la primera salva de una estrategia global para neutralizarla”, abundó Phil Robertson, de Human Rights Watch.

Desde su arresto, “la dama de Rangún” sólo fue autorizada a reunirse tres veces con su equipo de defensa.

Para justificar el golpe de Estado, el ejército alegó fraudes en las elecciones legislativas de noviembre de 2020, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi. La junta amenaza con disolver esta formación y asegura que organizará nuevos comicios dentro de dos años.

Desde entonces el país, que ha vivido un paréntesis democrático de 10 años, es una olla a presión, con manifestaciones casi a diario y la economía paralizada por huelgas masivas. También han aumentado los enfrentamientos entre el ejército y las facciones étnicas rebeldes.

Más de 860 civiles muertos

Las fuerzas de seguridad han reprimido con sangre la movilización prodemocracia: en estos últimos meses más de 860 civiles murieron, entre ellos niños, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).

Casi 5.000 personas están detenidas y varias oenegés denuncian ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia contra las mujeres.

Este lunes, el periodista estadounidense Nathan Maung, detenido desde marzo, fue liberado, según informó su abogado, y regresará a Estados Unidos el martes. Pero varios reporteros siguen entre rejas.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el viernes el recrudecimiento de la violencia y añadió que la junta militar es “totalmente responsable de esta crisis”.

Aung San Suu Kyi ya pasó 15 años en arresto domiciliario en las anteriores dictaduras militares. Fue liberada en 2010 y se puso al frente del país cinco años después.

Considerada durante mucho tiempo un símbolo de la democracia, como Nelson Mandela, su imagen internacional se deterioró notablemente cuando centenares de miles de musulmanes rohinyás huyeron en 2017 a Bangladés debido a los abusos del ejército. La líder birmana no condenó este drama y negó cualquier “intento de genocidio” por parte de los militares.

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