El decreto 4.610, publicado en Gaceta Oficial del 12 de mayo, instruye a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio de Inteligencia (SEBIN) a “transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días”.

Estos organismos eran responsables de la custodia de la mayoría de los más de 300 detenidos que la ONG de derechos humanos Foro Penal, crítica del chavismo, considera “presos políticos”.

La opositora Delsa Solórzano, rechazando el decreto, expresó que la situación “es de suma gravedad debido a que las cárceles de Venezuela se cuentan entre las más peligrosas del mundo”.

Solórzano indicó que maneja una lista con al menos siete detenidos ya enviados a las cárceles del Rodeo II y Yare, en el estado Miranda (norte), y otra más extensa con arrestados que podrían ser blanco de futuros traslados. “Las familias tienen mucho miedo”, dijo a la AFP.

El decreto se firma en momentos en que gobierno y oposición han mostrado disposición a reanudar negociaciones políticas, proceso al que le antecedió precisamente la liberación de opositores encarcelados.

“No nos estamos dando cuenta que esto es también para la comunidad internacional”, destacó Solórzano. “El hecho de que haya prisioneros políticos también se evidencia en el lugar de reclusión. Si tú los tratas como presos comunes, son presos comunes”.

El gobierno de Maduro niega la existencia de “presos políticos” en Venezuela y acusa a los opositores arrestados de “terrorismo” y planes para derrocar o asesinar al mandatario.

Una misión de la ONU que denunció en septiembre de 2020 “crímenes de lesa humanidad” en Venezuela alertó en marzo sobre nuevas “detenciones arbitrarias” de “personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores”.

Maduro enfrenta además una investigación preliminar en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de una ola de protestas que pedían la salida del presidente chavista y que dejaron más de un centenar de muertos.

El gobierno socialista ha tachado el caso de “gran farsa”, mientras que en las últimas semanas han sido imputados y condenados miembros de las fuerzas del orden público involucrados en esas muertes.

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