La justicia rusa aplazó el lunes el juicio que decidirá la calificación de "extremistas" a las organizaciones del opositor encarcelado Alexéi Navalni, un proceso, según sus partidarios, destinado a acallarle y a ilegalizar su movimiento.
Tras solo una hora de vista, el tribunal municipal de Moscú aplazó el juicio, que se celebraba a puerta cerrada, hasta el 9 de junio.
Según el equipo de abogados “Komanda 29”, que defiende a esas organizaciones, la fiscalía presentó nuevas pruebas que exigían el aplazamiento.
La primera audiencia estaba prevista un día antes de la primera lectura en la Duma, la cámara baja del Parlamento, de un proyecto de ley para prohibir que personas implicadas en organizaciones clasificadas como “extremistas” sean elegidas diputados.
El texto fue elaborado en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre, en las que pensaban participar los partidarios del Navalni, inhabilitado y encarcelado desde enero.
La fiscalía rusa pidió a mediados de abril la clasificación de varias organizaciones vinculadas a Navalni de “extremistas”, lo que puede acarrear fuertes penas de cárcel a los colaboradores y partidarios del opositor.
Navalni está en la cárcel cumpliendo una condena de dos años y medio de prisión, en un caso de fraude de 2014 que considera de motivación política.
La demanda de la fiscalía apunta al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), de Navalni –conocido por sus investigaciones sobre el tren de vida y las malversaciones de las élites rusas–, así como a las oficinas regionales del opositor, que se ocupan en particular de organizar manifestaciones de apoyo o actividades preelectorales.
Las oficinas regionales anunciaron su autodisolución el mes pasado, tras haber sido incluidas en abril en una lista de organizaciones “extremistas y terroristas” por el servicio de inteligencia financiera ruso, que incluye a los grupos yihadistas Al Qaida y Estado Islámico (EI).
Según la fiscalía, las organizaciones de Navalni quieren “crear las condiciones de desestabilización de la situación social y sociopolítica” en Rusia, bajo “cubierto de eslóganes liberales”.
“Miedo” a la competencia electoral
Las oficinas de los movimientos opositores y los domicilios de sus colaboradores han sido objeto de numerosos registros en los últimos años y el FBK ya ha sido clasificado como “agente del extranjero”, en un esfuerzo implacable para silenciarlo, según Navalni.
El diario Kommersant, citando una fuente de las fuerzas de seguridad, afirmó el lunes que el juicio por extremismo se celebra a puerta cerrada porque en el caso se citan datos personales de miembros de los servicios de seguridad.
Pero Ivan Zhdánov, un estrecho colaborador de Navalni que reside en el extranjero, rechazó esta versión, al afirmar en Twitter que el caso fue clasificado como secreto “para que nadie pudiera ver lo absurdo de lo que estaba sucediendo”.
Con la cercanía de las elecciones legislativas de septiembre, el Kremlin busca eliminar cualquier posibilidad para este movimiento, en medio del cansancio creciente de la población tras dos décadas de presidencia de Vladimir Putin y de la situación económica provocada por la pandemia.
La Duma tiene previsto examinar el martes un proyecto de ley que prohíbe la elección de cualquier persona que haya ocupado un puesto de responsabilidad en una organización tres años antes de su calificación como “extremista”.
Según Liubov Sóbol, una de las principales aliadas de Navalni, la aparición de un proyecto de ley así significa que el partido en el poder tiene un “miedo terrible de una competición honesta”.
Navalni, principal opositor ruso y látigo sin respiro de la corrupción, esperaba presentar candidatos para las legislativas de septiembre o apoyar a los de otras formaciones con más opciones de ganar a los representantes del partido del Kremlin.
El Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni acusó en enero al presidente Putin de ser el beneficiario de un suntuoso “palacio” a orillas del Mar Negro. El vídeo fue visto 116 millones de veces en YouTube y obligó a Putin a desmentirlo personalmente.
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