La junta militar birmana era objeto este viernes de una masiva condena internacional por la muerte de más de 40 niños y las "desapariciones forzosas" de centenares de personas en la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado.
Más de 543 personas, entre ellas 44 niños, murieron en dos meses en la represión de las movilizaciones contra el golpe militar del pasado 1 de febrero, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
Cerca de 2.700 personas han sido detenidas y centenares se encuentran desaparecidas, según esta oenegé local.
En un contexto de creciente violencia, la organización Save the Children dijo que el número de jóvenes muertos se ha más que duplicado en los últimos 12 días.
“Resulta chocante que los niños figuren entre las víctimas de estos fatales ataques, pese a los llamados a protegerlos”, indica un comunicado de la organización.
“Es particularmente aterrador que varios de esos niños hayan sido asesinados en sus casas, donde en principio deberían estar protegidos”, se agrega.
Las autoridades han procedido a numerosas detenciones durante registros nocturnos en domicilios de personas sospechosas de apoyar a las manifestaciones o al movimiento de desobediencia civil contra el golpe.
Según Human Rights Watch (HRW), la junta ha provocado la “desaparición forzosa” de cientos de personas al rehusar confirmar su ubicación o permitir a los detenidos un acceso a sus abogados.
“La junta militar generaliza las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas, para imponer el miedo entre los manifestantes”, asegura el director de HRW para Asia, Brad Adams.
Condenas y sanciones
Ante esta creciente violencia, las condenas de países y organismos internacionales han ido en aumento.
El Consejo de Seguridad de la ONU manifestó el jueves en una declaración unánime que “condena enérgicamente” las muertes de centenares de civiles en Birmania.
El Reino Unido, la antigua potencia colonial, impuso nuevas sanciones contra los intereses financieros de la junta, en concreto contra el conglomerado Myanmar Economic Corporation (MEC).
Pero de momento ni las sanciones ni las condenas han hecho mella en la junta militar, que prosigue su brutal represión contra los manifestantes.
El viernes, hubo más protestas en todo el país, informaron medios locales. Y en Rangún, la gente dejó flores en las paradas de autobús y otros lugares públicos en memoria de los muertos.
Esta violencia ha enardecido a la veintena de grupos étnicos armados que hay en Birmania, algunos de los cuales lanzaron ataques contra la policía, que el ejército respondió con bombardeos
Desde la independencia de Birmania, en 1948, una multitud de grupos étnicos mantienen conflictos con el poder central y el ejército había llegado a un alto el fuego con varios de ellos en los últimos años.
Pero, desde el golpe, algunos expresaron su apoyo al levantamiento popular, retomaron las armas o amenazan con hacerlo.
Más cargos contra Suu Kyi
Por su parte, la dirigente birmana Aung San Suu Kyi, depuesta por los militares, fue acusada de haber violado una ley sobre secretos de Estado que data de la época colonial, en una comparecencia por videoconferencia el jueves ante un tribunal de la capital Naipyidó
La premio Nobel de la Paz de 75 años, quien fuera un ícono de la democracia durante décadas en su país, ya estaba procesada por otros cargos, incluyendo “incitación al desorden público”. También se la acusa de recibir sobornos, pero todavía no ha sido inculpada por corrupción.
La líder birmana podría ser condenada a varios años de cárcel y quedar proscrita para siempre de la vida política.
La junta militar ha justificado su golpe de Estado alegando supuestos fraudes en las elecciones del pasado mes de noviembre, en las que el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), obtuvo una victoria abrumadora.
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