El Congreso de Brasil autorizó este jueves al gobierno a reanudar la ayuda de emergencia a los más pobres, por el equivalente de unos 8.000 millones de dólares, en momentos en que el país atraviesa la fase más dramática de la pandemia de coronavirus.
La medida fue incluida en un proyecto de enmienda constitucional que crea mecanismos de contención del gasto público y que ahora deberá ser sancionado por el presidente, Jair Bolsonaro.
El llamado ‘PEC Emergencial’ permite habilitar una partida de hasta 44.000 millones de reales (USD 8.000 millones, al cambio actual) para reanudar ese subsidio, aunque por el momento no detalla sus montos, la cantidad de mensualidades ni quiénes tendrán derecho a percibirlo.
Todo eso deberá ser propuesto por el gobierno, que baraja un subsidio promedio de 250 reales durante cuatro meses a partir de marzo para 32 millones de brasileños.
Unas cifras muy inferiores a las del año pasado, cuando los subsidios -de 600 reales entre abril y septiembre y de 300 reales entre septiembre y diciembre- ayudaron a 68 millones de brasileños, casi un tercio de la población, a sobrellevar el derrumbe de la actividad económica provocada por el coronavirus y las medidas de confinamiento.
Esa ayuda le costó a las arcas del estado 230.980 millones de reales (casi 45.000 millones de dólares, al cambio promedio de 2020). Sumada a otras medidas de estímulo, supuso un esfuerzo de casi el 10% del PIB de Brasil.
Esos paquetes limitaron el derrumbe de la mayor economía latinoamericana, que se contrajo 4,1%, mucho menos que las de otros países de la región.
También permitieron apuntalar la popularidad de Bolsonaro, pese a su actitud de escepticismo respecto a las medidas preconizadas para combatir la pandemia (uso máscaras, vacunas) que ya dejó más de 270.000 muertos en el país.
Pero los subsidios también dejaron las finanzas muy golpeadas, con una creciente deuda (89,7% del PIB en enero) y un déficit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) que pasó de 0,84% del PIB en diciembre de 2019 al 9,48% en diciembre de 2020.
Una de los principales puntos de discusión de los nuevos subsidios fue el de los mecanismos para evitar la agravación de esos números, como la limitación de las promociones salariales de los funcionarios públicos a partir de un determinado nivel de gastos.
La PEC fue finalmente adoptada en la Cámara de Diputados por 366 votos a favor, 127 en contra y 3 abstenciones.
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