La ONU denunció este jueves la creciente violencia que enfrentan los excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil en una zona del sur de Colombia donde operan disidentes de la disuelta guerrilla.
Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, el organismo que supervisa la reincorporación de unos 7.000 exguerrilleros ha documentado 248 asesinatos de excombatientes, 73 de ellos ocurridos en 2020.
Las condiciones de seguridad de estos hombres y mujeres “se han deteriorado considerablemente en los últimos meses” en la zona limítrofe de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, indicó la misión de verificación del acuerdo de paz de las Naciones Unidas en su informe trimestral.
En esas regiones, donde la presencia del Estado “es limitada”, rebeldes que no se acogieron al pacto de paz están “amenazando y atacando a excombatientes (…) poniendo así en peligro el proceso de reincorporación”, señala el documento.
Una muestra de ese deterioro es que la mayoría de asesinatos de exguerilleros ocurrieron el año pasado en Meta (11), seguido de Valle del Cauca (8) y Cauca (8), en el suroeste.
Unos 2.300 combatientes distribuidos en varios grupos conforman las llamadas disidencias de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se apartaron del histórico acuerdo de paz y se dedican mayoritariamente al narcotráfico y a la minería ilegal, según inteligencia militar.
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