España continúa sin datos fiables sobre ancianos muertos en residencias a causa de la COVID-19 cuando han pasado cuatro meses desde que estalló la epidemia, que se dejó sentir especialmente en este tipo de centros de alojamiento de mayores, carentes en muchos casos de las medidas necesarias de prevención y atención.
La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales consideró "incomprensible" este martes que, después de varios meses, no haya todavía información fiable sobre este asunto, como reconoce el Gobierno en un documento interno, al que tuvo acceso Efe.
En el mismo, el Ministerio de Sanidad admite que la escasa calidad de los datos de muertes en residencias comunicados por las regiones durante este tiempo ha dificultado su difusión (incluso una de ellas no los ha enviado), así que el número total de fallecidos por diversas causas varía entre 27.359 y 32.843, según las fuentes de información.
El Resumen Nacional de Residencias, con datos hasta el 20 de junio pasado, registra 27.359 muertes: 9.003 casos (el 32,9 % del total) por COVID; en 9.830 (el 35,9 %) se detectaron síntomas, pero sin llegar a confirmar la enfermedad; y el resto de defunciones (31,2 %) se atribuyen a otras causas.
Estos centros de mayores fueron focos muy importantes de infección y muerte durante la epidemia en España. Y motivo de polémica social y política, con cruce de acusaciones entre el Ejecutivo central y alguna región, como Madrid, sobre responsabilidades políticas y supuestas órdenes para que los enfermos de más edad y más graves no fueran trasladados a los hospitales cuando éstos estaban colapsados.
En total, la COVID-19 causó 28.388 muertes en España hasta el momento, según datos oficiales difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad. Aunque la epidemia se da por controlada, cerca de 300.000 habitantes de las regiones de Cataluña y Galicia (nordeste y noroeste) se mantienen confinados en sus localidades debido a rebrotes del virus, además de que existen pequeños focos activos en otras partes del país.
El documento ministerial sobre residencias recoge los datos enviados por las comunidades autónomas (regiones) entre el 6 de abril y el 20 de junio, y admite las dificultades de la plataforma del sistema de información para registrarlos , así como errores en la suma de residentes en los centros intervenidos por las autoridades y en el número de fallecimientos totales comparados con otras fuentes.
Varias regiones tampoco comunicaron datos con la frecuencia exigida o lo hicieron fuera de plazo, a pesar de que era obligatorio.
El informe añade que hay poca precisión en las causas de fallecimiento de los residentes, ausencia de depuración de los datos por el sistema o fechas incoherentes en el envío de la información, entre otras incidencias.
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