Un juez elevó ayer a juicio oral una causa contra la expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) y sus hijos por presunto lavado de activos y asociación ilícita, por las operaciones que una de sus empresas realizó con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.
Según informaron fuentes judiciales, el magistrado federal Julián Ercolini dispuso, aún sin fecha, que se abra la vista oral del conocido como "caso Hotesur", en el que están procesados desde mayo de 2018, entre otros, la actual senadora y Máximo y Florencia Kirchner, hijos que tuvo con el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.
Esta será la cuarta de las seis causas en las que está procesada la exmandataria -la mayoría por presunta corrupción- que se elevan a juicio, aunque no será hasta el 21 de mayo cuando comience el primero de ellos, también por presuntas irregularidades durante su mandato en la concesión de obras al ya detenido constructor Lázaro Báez.
En el "caso Hotesur" se investiga si la familia Kirchner cobró, a través del alquiler a empresarios como Báez de propiedades de la sociedad Hotesur, retornos económicos de los sobrecostes de las obras adjudicadas.
Entre los procesados están también el excontable de la familia Kirchner Víctor Manzanares, la sobrina de la expresidenta Romina Mercado y el empresario Baez, cercano al kirchnerismo y ya en prisión por otras causas desde 2016.
Ya en diciembre de 2018 los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que los imputados sean sometidos a juicio oral.
En el auto de procesamiento que Ercolini divulgó en mayo de 2018, señaló que los acusados "habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional".
"Cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz (al sur del país y gobernada por el kirchnerismo)", remarcó Ercolini.
