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Ola delincuencial desafía política de seguridad de Jair Bolsonaro

07 Enero 2019EFE • Brasilia
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Bomberos controlan el fuego en la sede del Sistema Nacional de Empleo, tras un ataque en Fortaleza.

Bomberos controlan el fuego en la sede del Sistema Nacional de Empleo, tras un ataque en Fortaleza.

Una ola de vandalismo en el estado de Ceará, por la que hasta ayer fueron detenidas unas cien personas, supone la primera prueba para las políticas de seguridad del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien prometió una lucha sin cuartel contra el crimen.

Los ataques, en su mayoría incendiarios, comenzaron la noche del miércoles 2 y el viernes 4 llevaron al ultraderechista Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército que asumió el poder el martes 1 de enero, a enviar hacia esa región del noreste del país a unos 300 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad.

Las tropas federales fueron desplazadas sobre todo en la ciudad de Fortaleza, la capital regional y uno de los principales puntos de turismo en el noreste brasileño, que está en alta temporada en ese balneario de playas y aguas cristalinas.

Las autoridades sospechan que los atentados fueron ordenados desde el interior de las prisiones, que en Ceará como en buena parte del país están virtualmente controladas por bandas del crimen que disputan territorios para la venta de drogas u otros delitos.

Esa presunción responde a que los ataques comenzaron después de que el Gobierno regional anunció medidas que apuntan a endurecer los controles en los presidios y ponerle coto a las actividades ilegales que dirigen los jefes de esas bandas desde el interior de las cárceles.

Según la Policía Civil de Ceará, el número de detenidos en los últimos días llegó ayer a 103 y los atentados, en su mayoría incendiarios y contra autobuses de transporte público y estacionamientos, sumaban 90 desde que comenzó la ola de violencia. El despliegue de tropas federales, sin embargo, parece haber tenido algún efecto, pues desde su llegada a ese estado se registraron sólo siete ataques, todos en regiones del interior del estado.

El gobernador de Ceará, Camilo Santana, aseguró que las autoridades no cederán en su lucha contra el crimen organizado. "El momento, más que nunca, es de unión de todas las fuerzas, de los Gobiernos, el Poder Legislativo, la justicia, el Ministerio Público y la sociedad civil, para ser duros contra el crimen", dijo.

En ese sentido ya se había pronunciado esta semana el propio Bolsonaro, quien durante su campaña para las elecciones de octubre pasado tuvo entre sus principales banderas el endurecimiento del combate al crimen, que en el país causa unas 60.000 muertes por año.

Bolsonaro volvió a pronunciarse sobre la violencia ayer, pero para lamentar la muerte de un agente de la Policía Militar de Río de Janeiro asesinado en un intento de asalto la noche del sábado 5.

"Mi pesar a la familia de otro PM asesinado en Río de Janeiro, el soldado Mariotti. La cacería de agentes de seguridad y la masacre de los ciudadanos de bien siempre fueron tratados como números", afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Según Bolsonaro, los poderes "Legislativo, Ejecutivo y Judicial juntos deben, con la ley, propiciar las garantías para que el bien venza al mal".

Una de las principales medidas para reforzar el combate al crimen que ha prometido Bolsonaro es liberar el comercio de armas e inhibir la acción de los delincuentes con una población que pueda ejercer la "autodefensa".

Esa propuesta, que deberá pasar por el cribo del Parlamento, se complementa con otra que apunta a dotar de "protección jurídica" a los policías que maten a un delincuente en "ejercicio de su deber".

Según anticipó Bolsonaro, la Policía debe "resolver" el problema del crimen y si "mata a 10, 15 o 20 (delincuentes), con diez o treinta tiros en cada uno, un agente debe ser condecorado, no procesado". La situación en Ceará, así como supone la primera prueba para las políticas de seguridad de Bolsonaro, es el primer examen para Sergio Moro.

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