El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó ayer la petición del Gobierno del presidente, Donald Trump, para poder aplicar restricciones al asilo en la frontera sur, unas políticas que fueron bloqueadas previamente de forma temporal por un juez federal en una medida que seguirá en vigor.
El alto tribunal decidió no atender las demandas del Ejecutivo en un posicionamiento que provocó la división de la corte con mayoría conservadora, ya que el presidente del tribunal, el también conservador John Roberts, votó junto con los otros cuatro magistrados progresistas para una mayoría de cinco de nueve votos por mantener el bloqueo. El Gobierno pidió al alto tribunal que se opusiera al bloqueo de una corte menor, lo que habría posibilitado la entrada en vigor de unas políticas que impiden demandar asilo en el país a los inmigrantes que acceden de forma irregular por la frontera con México.
El 9 de noviembre, Trump ordenó prohibir, al menos, durante 90 días las opciones para solicitar asilo en la frontera sur a quienes accediesen al país de forma irregular.
Ese mismo día distintos grupos defensores de derechos humanos demandaron al Ejecutivo y, posteriormente, un juez emitió el bloqueo a nivel nacional. Según la proclamación presidencial, la limitación podría ampliarse hasta la firma de un acuerdo con México que permita a EE.UU. deportar directamente a su vecino del sur a los inmigrantes que cruzan ilegalmente. El jueves 20, la Administración puso en marcha una medida en esta línea y, aunque no fue acordada con México, implica la devolución de los inmigrantes que llegan al país de forma irregular al territorio mexicano, incluidos los solicitantes de asilo, mientras se resuelve su situación migratoria con EE.UU.
ACTIVISTAS
Organizaciones de derechos humanos en EE.UU. alertaron ayer de la incertidumbre y los riesgos que implica el plan anunciado ayer por el Gobierno del presidente Donald Trump de devolver a México a los inmigrantes que entran irregularmente, mientras se resuelven sus procedimientos migratorios.
