Un juzgado civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 110 millones de pesos (unos 166.000 dólares) a cada uno de 29 presos políticos que fueron víctimas de la tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según informaron ayer fuentes judiciales.

La jueza Claudia Donoso Niemeyer, titular del 18 Juzgado Civil de la capital chilena, rechazó los argumentos de excepción de pago y prescripción planteadas por el fisco durante el juicio.

En la fundamentación del fallo, la magistrada afirmó que las compensaciones o resarcimiento a las víctimas otorgadas por el Estado, como pensiones asistenciales o simbólicas, "han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta".

"(Ello), sin considerar la situación específica y particular de los familiares cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período (sin tomar en cuenta lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos) que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico", dijo.

La jueza descartó, sobre la base de lo anterior, lo planteado por el fisco de que se considerara compensación suficiente algunos beneficios de seguridad social entregados a los demandantes desde 1990 en adelante.

"Dado que los derechos humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de este, no es posible sostener que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria ya que ello significaría (un) desconocimiento del Derecho Humano conculcado", precisó.

Los casos de los 29 demandantes aparecen consignados en el Informe de la Comisión Valech, creada en 2003 y que, presidida por el obispo Sergio Valech, certificó los casos de prisión política y tortura ocurridos durante la dictadura, cifrándolos en 35.000. Después de la muerte de Valech, acaecida en 2010, la Comisión presentó al año siguiente una extensión de su informe, que elevó a 40.018 la cantidad de víctimas.