La realidad nos demuestra que el sistema penitenciario en manos del Estado es un rotundo fracaso, las cárceles en manos de la Policía Nacional en realidad están controladas y administradas por bandas criminales gobernadas por líderes extremadamente violentos que siembran terror para hacerse del control de las penitenciarias.
Este sistema perverso de manejar la política criminológica involucra al Estado y crea un caldo de cultivo de corrupción de abogados, jueces, gobernadores de cárcel, policías, directores de régimen penitenciario, trabajadores sociales, etc., quienes se benefician directa o indirectamente de extorsiones, amenazas, violaciones sexuales, agresiones, robos, cobros indebidos, que suceden dentro de los muros con la complicidad de propios y extraños. Por eso, existen sanguinarias luchas entre bandos enemigos por el control de la mafia que existe a vista y paciencia de todos.
La inadecuada infraestructura carcelaria provoca hacinamiento, los “seguros de vida” para evitar abusos, violaciones o muerte, la dependencia económica de los familiares, bajo presupuesto para las penitenciarías, provoca que los reos busquen formas de supervivencia que terminan en más delincuencia como medio de vida.
En el sistema estatal, las víctimas de asesinato no son indemnizadas cuando quien muere es el proveedor, por ejemplo, ni las víctimas de robo recuperan lo robado, pierden doblemente, cuando siendo contribuyentes tienen que mantener al delincuente en prisión.
Por eso, sostengo que mientras el Estado y sus policías administren las cárceles, el panorama no cambiará de manera positiva, sólo cambian actores hasta que se enfríen los detonantes. Entonces, planteo que la administración pase a manos de empresas privadas especializadas que sean responsables civil y penalmente de dicha administración frente a la sociedad.
