El Congreso de Brasil, que ya negó una primera denuncia por corrupción contra el presidente, Michel Temer, deberá analizar nuevos cargos que implican al mandatario, según una decisión del Supremo que agita una prolongada crisis política.
Con una contundente diferencia de diez votos a favor y apenas uno en contra, la Corte Suprema sentenció ayer que el pleno de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre la eventual apertura de un juicio de carácter penal contra Temer, acusado por la Fiscalía de obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Los jueces se apoyaron en la Constitución brasileña, según la cual un presidente en ejercicio del poder sólo puede ser procesado penalmente si lo autoriza la Cámara Baja, que a inicios de agosto pasado ya bloqueó una primera acusación por corrupción contra Temer.
Esa norma fue esgrimida por el instructor del caso en la corte, Edison Fachin, quien sostuvo que "la decisión política de la Cámara de Diputados, como depositaria del voto popular, debe anteceder al análisis jurídico sobre la posibilidad de admisión de una denuncia".
La decisión del Supremo niega al mismo tiempo una demanda de la defensa de Temer, que exigía revisar la validez de las supuestas pruebas que incriminan al gobernante antes de remitir el caso a los diputados.
Los abogados se apoyaban en que los testimonios en que se basan las acusaciones, prestados por ejecutivos del grupo JBS en el marco de un acuerdo de cooperación, fueron anulados por la Fiscalía tras comprobar que los declarantes mintieron u omitieron información.
El exfiscal general Rodrigo Janot, autor de la denuncia y quien concluyó su mandato el lunes 18, sostuvo sin embargo que las dudas surgidas en torno a esas declaraciones no anulan todos los elementos de prueba y que algunos de ellos aportan "serios indicios" de que Temer incurrió en prácticas corruptas. En las audiencias que concluyeron ayer, el Supremo no se sumergió en el análisis de las pruebas, pues para ello requiere de la misma autorización de la Cámara Baja que le permitiría dar inicio al trámite de aceptación de una denuncia que pudiera aceptar o incluso negar si no encuentra elementos claros para instaurar un proceso.
