Amado Boudou, quien fue ministro de Economía y vicepresidente de Argentina en los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), fue detenido ayer por presunta asociación ilícita y maniobras de lavado de dinero que según la justicia permitieron agrandar su patrimonio de forma injustificada.

El economista, de 54 años, fue arrestado, en pijama y descalzo, a primera hora de la mañana en su apartamento de Buenos Aires, y seguidamente, previo paso por una sede policial, fue trasladado a los tribunales para prestar declaración.

Ante el juez federal Ariel Lijo, quien ordenó el operativo por una presunta obstaculización del caso, Boudou remarcó que su detención es "arbitraria", acusó al magistrado de "imparcial" y solicitó su excarcelación, informaron fuentes jurídicas.

En el expediente por el que se ha detenido a Boudou se le acusa de ser el jefe de una asociación ilícita creada para delitos de lavado de activos, cometido supuestamente en tres oportunidades sirviéndose en una de ellas, según la causa, de un blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno kirchnerista en 2009. Al poco tiempo de conocerse la noticia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la detención fue una decisión "netamente judicial" y desligó al Ejecutivo de cualquier influencia en el caso.

"Hemos tenido una orden de Lijo de una decisión de detención, y la Prefectura Naval (cuerpo policial que depende del Gobierno) lo llevó adelante", concretó la ministra.

Sin embargo, el peronismo kirchnerista, que desde que en diciembre de 2015 perdió la Presidencia del país tras la victoria de Mauricio Macri y ha visto pasear por los tribunales por supuesta corrupción a multitud de sus integrantes, reitera que el Gobierno utiliza el Poder Judicial para "perseguir" a opositores. "Atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste (económico) que se busca implementar", expresó la coalición kirchnerista Unidad Ciudadana, liderada por la expresidenta, recién elegida senadora.