Brasil vivió ayer otra jornada de intenso cabildeo antes de  retomar del trámite parlamentario que definirá si el presidente Michel Temer será sometido a un juicio por presunta corrupción, que lo suspendería de sus funciones durante seis meses.

Temer enfrenta una denuncia por corrupción pasiva presentada por la Fiscalía hace poco más de un mes ante la Corte Suprema, que solo puede decidir si la acepta o no si cuenta con el aval del pleno de la Cámara de Diputados, que el miércoles 2 debatirá el caso.

El Parlamento estuvo de receso durante las últimas dos semanas y retomará sus trabajos mañana, cuando el trámite será retomado con la lectura de un informe que recomienda enviar la denuncia contra el presidente a los archivos y ya fue aprobado en una comisión que hizo un primer análisis del asunto.

Antes del reinicio de las sesiones legislativas, muchos diputados aprovecharon la jornada de ayer para afinar posiciones tanto a favor como contra Temer, en discusiones de carácter mucho más político que jurídico. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio Temer y tiene con 63 diputados la primera minoría en la Cámara Baja, reiteró ayer sus llamamientos a la "unidad" y también que todo legislador de esa formación que avale la denuncia será objeto de sanciones, que pueden llegar a la expulsión.

La minoritaria oposición, que en pleno se volcará por recomendar que la denuncia sea aceptada, anunció ayer que se reunirá este martes a fin de articular estrategias para reforzar su intento de desalojar a Temer del poder.

Sin fuerza para garantizar ese objetivo, los adversarios de Temer barajan la posibilidad de impedir el quórum necesario para la votación del miércoles, que las normas del Congreso fijan en 342 diputados, igual al número de votos que daría curso a la denuncia.