El presidente de Brasil, Michel Temer, le pidió ayer a la Fiscalía que acelere la investigación sobre los sobornos pagados a decenas de funcionarios por la constructora Odebrecht, en las que figura como uno de los citados, para impedir que el proceso paralice el país.

La petición para que la investigación reciba prioridad fue hecha al procurador general de la República (Fiscalía), Rodrigo Janot, en un memorando oficial enviado ayer lunes por la Abogacía General de la Unión, órgano que representa a la Presidencia en procesos judiciales.

El Gobierno alegó en la petición que la divulgación "ilegítima" de las acusaciones hechas por la Odebrecht en su acuerdo de colaboración con la justicia ha provocado "interferencias" en el proceso de votación de las medidas de ajuste fiscal enviadas por el Ejecutivo al Congreso y necesarias para sanear las cuentas públicas de Brasil.

"La conducción de esa y de otras políticas públicas a cargo del Gobierno (federal de Brasil) viene sufriendo interferencias por la ilegítima divulgación de supuestas colaboraciones premiadas", alegó la Abogacía General de la Unión, para la cual las acusaciones generaron un "clima de desconfianza y de incertidumbre" que "perturban" la labor del Ejecutivo.

Según versiones de prensa hasta ahora no confirmadas por la Fiscalía, Temer fue citado 43 veces en la delación que Claudio Melo Filho, exvicepresidente de Relaciones Instituciones de Odebrecht, hizo ante la Fiscalía como colaborador en la investigación y a cambio de una reducción en sus futuras condenas.

Para evitar que la incertidumbre generada por las posibles consecuencias de la investigación paralice tanto al Gobierno como al Congreso, la Presidencia solicitó celeridad no solo en la realización de las investigaciones sino también en la homologación ante la Corte Suprema de las delaciones premiadas para que se pueda determinar "eventual responsabilidad criminal de los investigados". En su mensaje a la Fiscalía, el Gobierno cita algunas propuestas presentadas a consideración del Congreso para hacer frente a la grave recesión que sufre Brasil que pueden quedar paralizadas, como la que limita los gastos públicos por los próximos 20 años, la que reforma el sistema de las jubilaciones y la que ofrece incentivos a la inversión extranjera.