EN 1990,
MACRI quería hacer inversiones en Brasil, con una empresa familiar. No hubo tales inversiones y dijo que en 2009 su empresa se disolvió.
El presidente argentino Mauricio Macri afirmó ayer que acepta las recientes medidas tomadas por la justicia de su país para determinar si cometió irregularidades con dos empresas de ultramar.
Macri dijo en una conferencia de prensa que está “a disposición” del juez federal Sebastián Casanello al referirse a los exhortos que el magistrado pidió a la justicia de Panamá y Bahamas para poner la lupa sobre las compañías por las que el mandatario es investigado.
“Me parece muy bien. Tiene que hacer todos requerimientos necesarios para confirmar si lo que he dicho es verdad o no”, dijo el presidente, quien sostuvo que no ha cometido irregularidades.
Asimismo, afirmó que la justicia tiene que trabajar “de forma independiente” en este caso y también en las distintas investigaciones de las que es objeto su antecesora Cristina Fernández (2007-2015) por presunto enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y defraudación al Estado.
El gobernante instó a ser precisos en las investigaciones y declaraciones que comparten con los argentinos. “Todos requerimos recuperar la credibilidad y confianza”, dijo.
Casanello busca determinar si Macri es accionista en dos firmas, si estas registran cuentas bancarias a su nombre o a nombre de alguno de sus integrantes y si a través de sus actividades comerciales y financieras se cometió algún delito.
El puntapié de la causa contra el mandatario lo dio el fiscal Federico Delgado, que sospecha Macri omitió maliciosamente su participación en firmas establecidas en ultramar en las declaraciones anuales de impuestos.
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