El grupo de expertos de la CIDH que investigó durante un año la desaparición en México de 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa cerró ayer su asistencia en el caso dibujando un sinfín de nuevas inconsistencias y enfrentados a un Gobierno que critican por obstaculizar su trabajo.
En este minucioso informe sobre el caso publicado ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no solo revelaron más fallas en las pesquisas, sino que alertaron de la creación de una nueva versión oficial basada en los testimonios de detenidos torturados y a un nuevo estudio de fuego que consideran un despropósito. Un caso claro es el de los militares del 27 Batallón, con sede en Iguala, a quienes no pudieron entrevistar tras meses de petición y de quienes no obtuvieron documentos.
