El histórico primer acuerdo de El Vaticano con Palestina entró en vigor ayer tras completarse las formalidades de procedimiento, anunció la Santa Sede.
El acuerdo fue firmado en junio de 2015, justo dos años después de que la Iglesia católica romana reconoció a los Territorios Palestinos como Estado soberano, en febrero de la gestión 2013.

IGLESIA CATÓLICA
El acuerdo versa sobre las actividades de la Iglesia en las zonas de Tierra Santa bajo control palestino, pero su significado es visto en términos más amplios, como símbolo del creciente apoyo internacional al Estado palestino.
"Con referencia al acuerdo global entre la Santa Sede y el Estado de Palestina, firmado el 26 de junio de 2015, la Santa Sede y el Estado de Palestina han notificado a la otra parte que los requisitos de procedimiento para su entrada en vigor se cumplen", señaló el Vaticano en su comunicado.
"El acuerdo, que consiste en un preámbulo y 32 artículos, aborda los aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia en Palestina, al tiempo que reafirma el apoyo a una solución negociada y pacífica del conflicto en la región".
El texto da seguimiento al Acuerdo de Base que firmaron la Santa Sede y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) el 15 de febrero de 2000 y es resultado de las negociaciones desarrolladas por la comisión de trabajo bilateral durante los últimos años.
En junio, El Vaticano se felicitó por este acuerdo, que incluye cláusulas para proteger los derechos de los cristianos, considerándolas un modelo para otros Estados árabes y musulmanes en su relación con las minorías cristianas, enfrentadas a una creciente persecución en Oriente Medio.
En su día, Israel denunció el acuerdo y lo tachó de prematuro y contraproducente para la reanudación de las negociaciones directas entre los palestinos y el Estado judío.
Las negociaciones se reanudaron después de 2010 y tuvieron como consecuencia el acuerdo que ahora entra en vigor, que regula aspectos del funcionamiento de la Iglesia católica en Palestina, como el régimen fiscal de sus propiedades o la exención de servicios personales, como el militar, para su personal.