China se armó ayer con la primera Ley Antiterrorista de su historia, que fue aprobada por el Legislativo a pesar de las fuertes críticas despertadas por el contenido de los borradores conocido previamente.
La Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del país, dio luz verde al texto después de acometer esta semana la tercera lectura de la propuesta de ley, que da amplios poderes al Gobierno e impone restricciones a la hora de informar sobre actos terroristas.
El borrador ratificado por los legisladores incluye, además, una cláusula para permitir el envío de tropas chinas al extranjero para participar en misiones antiterroristas. El gobierno chino se limitaron a anunciar la aprobación de la ley, aunque no publicaron el contenido completo de la nueva norma.
Los políticos venían alertando en las últimas semanas de las crecientes amenazas terroristas que afronta el país y la agencia oficial de noticias Xinhua calificó la nueva ley como "el último intento para solucionar el terrorismo en casa y ayudar a mantener la seguridad mundial".
Hasta hoy, China no tenía una legislación específica para la lucha contra el terrorismo, que dependía de normas como la Ley Criminal o la Ley de Respuesta de Emergencia.
Países como Estados Unidos mostraron públicamente su preocupación por esta ley antiterrorista y su presidente, Barack Obama, así se lo manifestó a su homólogo chino, Xi Jinping.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hong Lei manifestó este miércoles en rueda de prensa que el país tiene derecho a promulgar esa legislación y que buscará, a la hora de aplicarla, "un equilibrio entre la lucha antiterrorista y la protección de los derechos humanos".
Uno de los motivos de inquietud es que el último borrador de la norma obligaba a las empresas tecnológicas, tanto locales como extranjeras, a instalar "puertas traseras" en sus sistemas para permitir el acceso del Gobierno. Requería a las compañías con servidores y datos de usuarios en China facilitar a los funcionarios los registros de sus informaciones, los códigos de encriptación y a censurar cualquier contenido vinculado al terrorismo. La ley se aprueba un día después de que el Gobierno chino confirmó la expulsión de la periodista francesa Ursula Gauthier, corresponsal en Pekín de Le Nouvel Observateur (L'Obs), por un artículo sobre el terrorismo.