La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quedó ayer contra las cuerdas, una vez que el jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, aceptó promover un juicio con miras a su destitución por graves irregularidades fiscales cometidas desde 2014.
"Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño", declaróRousseff en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto tras conocerse la decisión.
El jefe de los Diputados acató un pedido de juicio político presentado por varios juristas y cuatro partidos de la oposición que se fundamenta en unas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año, según organismos de contraloría.
Cunha pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, el primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la mandataria. Sin embargo, Cunha se enemistó con Rousseff durante ese año y hace meses anunció su decisión "personal" de pasar a engrosar las filas de la oposición. El jefe de los Diputados anunció su decisión precisamente el día en que el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, informó que apoyará la apertura de un proceso que puede despojarlo de su mandato por sus implicaciones en las corruptelas detectadas en la petrolera estatal Petrobras.
Sin embargo, negó que se trate de una "venganza" frente a eso y aseguró que decidió sobre las mismas bases jurídicas que le llevaron a rechazar 27 peticiones similares. Rousseff aludió a ello en su declaración al país al citar que en los últimos días hubo conjeturas en la prensa sobre una posible negociación del PT, que negaría apoyo al juicio contra Cunha a cambio de que este no acepte el proceso contra la mandataria.