Los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril de 2018, y Dilma Rousseff serán enjuiciados por asociación ilícita en un caso de corrupción, informaron ayer fuentes oficiales.
El juez Vallisney Oliveira, de Brasilia, aceptó la denuncia formulada por la Fiscalía contra los exmandatarios en un proceso que afecta a antiguos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y se relaciona con la trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras. El magistrado de primera instancia también aceptó los mismos cargos contra los exministros Antonio Palocci y Guido Mantega y el extesorero del PT, Joao Vaccari Neto.
La denuncia, que presentó en septiembre de 2017 el entonces fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, se desprende de una investigación iniciada para confirmar si el PT creó una organización criminal para desviar dinero de Petrobras.
Según la acusación y con base en "pruebas documentales", los investigados integraban "hasta el año de 2016" una "organización criminal" como miembros del PT y habrían cometido "diversos delitos contra la administración pública": corrupción y lavado de dinero, según recoge el juez en su auto.
La denuncia aseveró entonces que los dirigentes del partido recibieron en la época 1.480 millones de reales (hoy unos 387 millones de dólares) de sobornos procedentes de dinero desviado de los cofres públicos.
Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumple desde el pasado 7 de abril una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en otro proceso penal también ligado a los desvíos que ocurrieron en la petrolera.
