La debacle del Gobierno de Otto Pérez Molina, en Guatemala, alcanzó su cota más alta este viernes 21 cuando un juez liberó una orden de captura contra su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, vinculada a una mafia que defraudaba en las aduanas.
Los responsables de la investigación han solicitado al Supremo que el mandatario fuera despojado de su inmunidad y quedara sujeto a los tribunales. El mandatario ha perdido otro apoyo este viernes, después de que la patronal exigió su dimisión.
Pérez y Baldetti, ya encarcelada después de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron pruebas contundentes en su contra, están acusados de estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo (recibir sobornos).
Se trata del caso conocido como La línea, una mafia que expoliaba los recursos del Estado desde las aduanas y que, en palabras de la fiscal general, Thelma Aldana, “erosionaba aproximadamente el 50 % de los impuestos que debían pagar los importadores”. La Fiscalía documentó un caso donde la trampa obtuvo tres millones de quetzales (395.000 dólares) en la trampa.
Tras el señalamiento contra el mandatario, sustentado con pruebas abrumadoras, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF, la todopoderosa patronal) exigió al presidente que enfrente a los tribunales.
“Exigimos la renuncia inmediata de Pérez Molina”, dijo el presidente del CACIF, Jorge Briz, quien apareció arropado en una conferencia de prensa por los máximos representantes de las cámaras empresariales. “El actual Gobierno y el mandatario son impresentables”, subrayó.
Hasta la noche de este viernes, la patronal, si bien había ido retirando su apoyo a Pérez Molina aunque sin alcanzar un criterio unánime, nunca había pedido la dimisión del mandatario, y menos con tanta contundencia. Los empresarios, incluso pidieron al Supremo “tomar una acción pronta” contra el presidente.
Esta petición es para el analista Gustavo Porras una moneda de dos caras: “uno de sus lados, la depuración, es dorado. El otro es de cobre: sus implicaciones en la economía con el agudizamiento de la crisis que se ya se refleja en el encarecimiento de los granos básicos por la sequía y que agudizará la conflictividad social.
A lo anterior hay que sumar la fragilidad del próximo gobierno. Nadie va a estar satisfecho con el resultado de las elecciones del 6 de septiembre, y la debilidad extrema del Estado que enfrentará una recaudación raquítica.
