En audiencia desarrollada ayer, el juez de instrucción de Colcha K, Edson Villarroel denegó la acción popular planteada por comunarios de Nor Lípez, quienes cuestionan los contratos de explotación de litio firmados entre Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa, Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.
De acuerdo con la información proporcionada por la abogada de la Central Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), Fátima Monasterios, el juez habría evitado entrar al análisis de fondo y argumentó que la acción popular no sería el mecanismo adecuado para tutelar los derechos denunciados, especialmente el derecho a la consulta previa.
El juez habría dejado sin efecto las medidas cautelares emitidas el 27 de mayo de 2025 que paralizaban el tratamiento de los contratos de litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y prohibía a YLB realizar cualquier acción administrativa u obra relacionada a dichos contratos.
La abogada de la parte demandante dice que, ahora está abierta la posibilidad a que la Asamblea retome el tratamiento de los contratos con la empresa ruda Uranium One Group y la china Hong Kong CBC.
Este diario llamó repetidas veces al juez de Colcha K quien no atendió las llamadas por lo que no se pudo indagar a mayor profundidad los fundamentos de la decisión asumida ayer en una audiencia de acción popular.
La jurista Fátima Monasterios exteriorizó su preocupación por esa decisión judicial. Según explicó, la acción popular es el único mecanismo reconocido en Bolivia para que los pueblos indígenas puedan defender sus derechos colectivos, incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada. “Es preocupante que el juez evite analizar el fondo del caso y desestime la acción popular bajo el argumento de que no es el mecanismo idóneo, cuando existe amplia jurisprudencia que avala su uso para proteger a las comunidades indígenas”, indicó la entrevistada.
Explicó que durante la audiencia, los comunarios demostraron la falta de estudios ambientales adecuados y la ausencia de procesos de consulta que garanticen su participación y consentimiento en los proyectos de explotación del litio.
