La Defensoría del Pueblo, acompañó al Concejo Municipal y representantes de la Jefatura de Medio Ambiente de la Alcaldía, además de representantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías y de los comunarios de Cantumarca verificaron los depósitos de residuos mineralógicos Laguna Pampa 1 y 2.
El defensor del pueblo, Pedro Callizaya, informó que se ha verificado si se estaba dando cumplimiento a una sentencia constitucional a raíz de la interposición de una acción popular.
Esta disposición judicial establece que hasta fines de junio de 2024, se debe cerrar y encapsular las colas sólidas.
“Lamentablemente de la verificación que hemos realizado no se ha podido evidenciar un mayor avance de este trabajo. Nos preocupa en extremo, cono Defensoría del Pueblo esta situación, porque a más de no cumplirse una sentencia constitucional, lo que se está haciendo es demeritar a la población con polvo de estas colas sólidas, ahora que estamos empezando a un periodo de vientos con la posibilidad que se pueda producir mayor incidencia en la salud”, dijo el defensor.
Por ello, se ha reiterado la necesidad de cumplir la sentencia constitucional.
Además, la Defensoría del Pueblo ha recomendado que las autoridades sanitarias atiendan a la población afectada.
“Nosotros hemos tenido conocimiento específico de la existencia de 116 estudios laboratoriales que se han realizado en 116 personas de la zona de Cantumarca. Estas personas realmente han tenido un problema y tienen un problema diagnosticado a través del laboratorio”, afirmó.
Detalló que de las 116 personas, 93 son adultos mayores, y el 81 por ciento tiene plomo en la sangre.
“De estas 116 personas, 23 son niños y tienen 65 por ciento de presencia de plomo en la sangre. Es importante hacer la alerta correspondiente para que el tema de salud no pueda profundizarse”, afirmó.
Detalló que hay casos particulares. Por ejemplo, una mujer, de 81 años de edad, que presenta 21.4 microgramos por decilitro de metales pesados como el plomo.
Asimismo, mencionó el caso de un hombre de 56 años de edad con 21 microgramos, un niño de dos años que tiene 14,2 microgramos y un niño de 6 años de edad con 9,1 microgramos.
“Estamos ante una situación que es de importante impacto para la salud”, agregó.
Estos datos fueron informados al Servicio Departamental de Salud, quien, dijo Callizaya, tiene la obligación de hacer todas las medidas necesarias para atender a las personas.
“Tienen que establecer un plan para que se pueda atender a estas personas afectadas, lo contrario implicaría no cumplir adecuadamente con las competencias que tiene”, recalcó.
La gestión pasada, el hospital Daniel Bracamonte, alertó de la presencia de polvo mineralógico que llega hasta el centro hospitalario, que está distante a varias cuadras de este depósito de minerales.
Por ello, la Defensoría ha pedido que se asuman las medidas necesarias para que la zona no se siga contaminando.
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