La renuncia voluntaria de los siete concejales del municipio de Macha permitió la habilitación de los suplentes, y pese a ser sumamente raro que la totalidad de los miembros del ente deliberante deje sus cargos, las cosas se tornan delicadas al conocerse la denuncia de dos concejalas mujeres quienes señalaron ante el Tribunal Electoral Departamental de Potosí (TED) que fueron obligadas a dimitir.

Esa denuncia muestra la supuesta comisión de delitos previstos en la Ley 243 (Ley contra el acoso y violencia política contra las mujeres) que define penas de prisión de 2 a 5 años cuando sea probada la comisión de “acoso político contra mujeres”.

La pena prevista por el delito de “violencia política contra mujeres” es sancionada con privación de libertad de 3 a 8 años.

La norma legal en cuestión también define que “serán nulos los actos realizados por mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública, cuando se originen hechos de acoso o violencia política debidamente probados y que cuenten con resolución definitiva de instancias competentes y jurisdiccionales”.

Tras conocer la denuncia de las dos concejalas, el TED debe elevar una denuncia ante el Ministerio Público para que inicie un proceso de investigación.

En las elecciones del 7 de marzo de 2021 solamente se habilitó la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) por lo que los siete concejales son de esa fuerza política.

Aparentemente, existiría un acuerdo de alternatividad por lo que autoridades de la zona exigieron que los concejales renuncien “voluntariamente” pero, dos de los siete, hicieron conocer que lo hicieron por presión.

Tras las elecciones subnacionales se conoció que la gente del MAS presionó para que los candidatos de otras organizaciones políticas no se habilitarán como candidatos.

Se conoce la denuncia de Martha Puma Gonzales, de 30 años, quien junto a su acompañante por el Movimiento de Organizaciones Populares (MOP), Mario Fernández R, fueron hostigados para que retiren su postulación.