En solo 13 años, el taxista Jhonny Llally Huata pasó de ser el héroe recibido por una multitud, tras la huelga de los 19 días, a un detenido preventivo en la cárcel de Cantumarca. Si su caída fue rápida, peor destino tuvo la agrupación política que fundó, el Movimiento Cívico Popular (MCP), que apenas duró cuatro años.

Hoy, tras las rejas a causa de hasta cinco denuncias de supuesto abuso sexual, sigue siendo el alcalde titular de Potosí, pero, como está temporalmente impedido de hacerlo, sus funciones son ejercidas por la alcaldesa subrogante Lesly Flores. Lo que pocos saben es que Jhonny Llally también ha dejado de ser presidente del MCP por disposiciones del estatuto de esa agrupación ciudadana.

Pero si bien fue a la cárcel solo, en su caída del MCP está acompañado por toda la directiva de su agrupación, que ha cesado en sus funciones, no por decisión de la justicia o del Tribunal Electoral Departamental (TED), sino por lo que dispone su estatuto orgánico.

CUATRO AÑOS

En septiembre de 2018, Llally confirmó que podía movilizar su base social, cuando fue nombrado jefe departamental de un partido político, provocando los reclamos de la población. Su siguiente paso fue menos resistido: fundó una agrupación ciudadana que el 13 de mayo del año siguiente recibió 70 libros del TED, para llenarlos con firmas de sus adherentes. Como algunos libros fueron observados, hizo lo que mejor sabía hacer: una huelga que solo se levantó cuando se le comunicó que su agrupación iba a recibir su personería jurídica. El 13 de agosto de 2019, el TED emitía la resolución que reconocía la vigencia de la organización que nació con el nombre de Movimiento Cívico Popular por la Libertad y Justicia.

Ya con personería, el MCP se reunió el martes 17 de septiembre en la casa de la calle Hoyos No. 58-B para elegir su primer directorio municipal, que quedó constituido de la siguiente manera: Presidente, Jhonny Llally Huata; vicepresidente, José Emilio Elías Albán; coordinadora municipal de organización y planificación, Ximena Delgado Gallo; coordinador municipal de relaciones políticas, Hernán López López; coordinadora municipal de Finanzas y Economía, Telma Cortez Candy; coordinadora municipal de comunicación y redes, Patricia Baldivieso, y vocal, S.Q.T.

Según el artículo 48 del estatuto orgánico que fue aprobado para tener su personería jurídica, “los miembros del directorio municipal tendrán un periodo de duración en el cargo de cuatro años calendario, no aceptándose ninguna prórroga”. A la luz de este precepto partidario, todo el directorio he cesado en sus funciones y “concluidos los cuatro años de gestión, los actos del directorio cesante quedan nulos de pleno derecho”.

DENUNCIAS

El acta de constitución de la directiva municipal está notariada y tiene un total de 23 firmas. Lo que llama la atención es que dos de las firmantes, S.Q.T. y J.F.CH., aparecen denunciando a Llally, la primera por violación y la segunda por abuso sexual. Según dijo Emilio Elías, estas personas creían que, al formar parte de la directiva, debía ser candidatas, o recibir cargos altos en la Alcaldía y, al no lograrlo, habrían denunciado al alcalde por venganza.

Otra dirigente, Ximena Delgado, aparece mencionada como testigo, pero, también, en una de las denuncias se lee que “se estaba presentando para ser candidata a asambleísta por el partido Puka Sunqu”.

Hernán López López fue director jurídico y secretario de desarrollo humano de la Alcaldía, pero Llally lo destituyó por presiones de las juntas vecinales y ahora es el abogado de dos de las denunciantes.

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