Los fiscales de Potosí con asiento en la capital de Departamento no pueden trabajar desde el lunes. El todavía nuevo edificio de la Fiscalía Departamental está tomado por un grupo de vecinos que exigen celeridad en los procesos por tráfico de tierras y, ante esta circunstancia imprevista, los plazos que tenían aquellas autoridades han quedado en suspenso. Así, esta presión favorece directamente al gobernador, Jhonny Mamani, y al alcalde, Jhonny Llally, que tienen investigaciones pendientes en el Ministerio Público.
El gobernador es investigado por un conjunto de ilícitos relacionados al bullado caso de las 41 ambulancias. Las fiscalas de materia que dirigen la investigación, Gabriela Quintana López y Magaly Castro Luna, lo han sobreseído causando la protesta de los denunciantes, la diputada Lissa Claros, el asambleísta departamental Jaime Flores y la presidente del Comité Cívico Potosinista, Roxana Graz. Los tres han apelado la resolución de sobreseimiento y el asunto debería pasar a manos de la fiscala departamental, Roxana Choque, que no había recibido el informe hasta antes del bloqueo. Ahora, con la puerta de la Fiscalía bloqueada por los manifestantes, tendrá que esperar a poder pasar para encargarse de ese y otros asuntos.
El otro caso pendiente y que involucra a una autoridad de alto rango es el del alcalde, Jhonny Llally Huata, que está acusado de presunto abuso sexual con agravante en contra de quien fuera secretaria del Movimiento Cívico Popular (MCP), Jelly Maritza Flores Chalar. En este caso, el fiscal de materia Omar Anagua Cuiza ha solicitado la detención preventiva del munícipe por considerar que existen suficientes elementos de convicción que lo señalan como autor del delito que se le imputa y la mayor prueba en su contra es la declaración que prestó el hijo de la víctima, un niño de nueve años que presenció la agresión y, al declarar en la cámara Gessell, corroboró la versión de su madre.
Sobre la base de esa y otras pruebas, Anagua imputó al alcalde y solicitó su detención en fecha 11 de agosto. La audiencia de medidas cautelares se instaló el 24 de agosto en el Juzgado de Instrucción Sexto Cautelar, dirigido por Raúl Estrada Manrique, quien resolvió diferirla para las 08:30 del viernes 1 de septiembre debido a que la víctima no se presentó, arguyendo razones de salud, y están pendiente la resolución de un incidente que la parte acusada presentó en contra de la imputación. Considerando que Anagua no tiene acceso a su oficina, donde está el expediente de este caso, es incierto lo que pase con la audiencia de mañana.
LA TOMA
El edificio de la Fiscalía está tomado por un grupo de vecinos de la zona alta de la ciudad que están dirigidos por Benedicto Riquelme Soto. Al explicar las razones de su medida de presión, él señaló que la toma es un acto de protesta por el accionar del esposo de la fiscala departamental, Elías Isla, que, en su condición de abogado de Catastro Urbano, habría aprobado planimetrías que afectan el derecho propietario de quienes están bloqueando la Fiscalía.
La fiscala departamental, Roxana Choque, solicitó diálogo, pero Riquelme lo ha condicionado a la participación de otros dirigentes y afectados por los procesos de avasallamientos de tierras.
No obstante, es el propio Riquelme quien aparece como denunciado en un proceso vinculado a avasallamiento de tierras. El caso está signado con el CUD 5011020122200720 y está a cargo del fiscal de materia Abner Flores Canaza.
