Por lo menos hasta que se reportó descensos en los precios de los minerales, la Gobernación de Potosí batió récords en la recaudación por concepto de regalías mineras, pero, en lugar de que ese dinero se destine a proyectos productivos, se ha empleado en otro tipo de obras, como la construcción de canchas de césped sintético en casi todos los municipios del Departamento.

Las canchas de césped sintético se han convertido en una característica del gobierno departamental de Jhonny Mamani. Su origen está en los concursos departamentales que ha organizado, ofreciendo como premio este tipo de obras que son populares en el área rural. Según un recuento realizado solo hasta el 27 de abril de este año, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) había aprobado modificaciones presupuestarias para un total de 33 de esas obras con un costo superior a los 113 millones de Bolivianos. De entonces a la fecha, el monto debió subir, porque los asambleístas del MAS siguieron aprobando más canchas.

Los proyectos se aprueban mediante modificaciones presupuestarias debido a que estas obras no están incluidas en el Plan Operativo Anual (POA). Son aprobadas con los votos que el MAS tiene en la ALD, y que constituyen mayoría. Las bancadas de oposición y de la Alianza Social (AS) no respaldan estos proyectos por considerar que, por una parte, no están dentro de las atribuciones de la Gobernación y, por otra, consideran que las ofertas de Mamani, como premios, no deben ser cubiertas con recursos fiscales.

A la hora de considerar los informes de las comisiones, que siempre recomiendan aprobar las modificaciones presupuestarias, los asambleístas opositores ya ni siquiera argumentan su oposición, porque los del MAS nunca las toman en cuenta. Por el contrario, se fastidian y, en sus regiones, los acusan de ser enemigos de aquellas en las que se construyen las canchas.

Sin ser de la oposición, uno de los más críticos es Ernesto Loza (AS) quien dice que, contrariamente a lo que se incluye en los informes, estos proyectos no están dirigidos a la reactivación económica del Departamento. Cuestiona los costos, que muchas veces son mayores a proyectos educativos. Como ejemplo, dice que mientras una cancha de césped sintético cuesta un promedio de 3,6 millones de Bolivianos, con menos de ese dinero se puede construir entre ocho a diez aulas educativas mientras que hay proyectos de dotación de agua que también cuestan menos.

Jaime Flores advierte que los proyectos no son legales, por cuanto son jurisdicción municipal, mientras que Azucena Fuertes hace notar que, aunque se está usando dinero de las regalías mineras para estos proyectos, dos de los municipios con mayor producción minera, como son Potosí y Porco, no se han beneficiado con ninguna cancha.

En este cuadro se puede ver que en dos municipios, Uyuni y Macha, se proyectó dos canchas:

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