Un informe oficial del Instituto de Reforma Agraria (INRA) señala que los hoteles de sal no se encuentran en la propiedad del Ayllu Tolapampa sino dentro del Salar de Uyuni.
“Nos hemos anoticiado de que existiría algunas dificultades con el tema de la ubicación de los hoteles que están en orillas del salar, nosotros, como institución, como INRA, nuestro ámbito de competencia es exclusivamente sanear la propiedad agraria con actividad agrícola o ganadera. El INRA no sanea salares, no sanea lagos, lagunas, ríos, caminos, áreas urbanas. El INRA, eso no sanea. En ese sentido hemos evidenciado de que estos hoteles estarían sobrepuestos sobre la cobertura de lo que es el salar, no están sobrepuestos sobre áreas que el INRA hubiera saneado, cerca de este sector tenemos el Ayllu de Tolapampa que actualmente ya se encuentra titulado; sin embargo, nuevamente repito: estos hoteles no están ubicados dentro —si vale el término— de la propiedad saneada a favor de ese ayllu. Están recayendo sobre la cobertura del cuerpo del salar”, detalló el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (iNRA), Jaime Javier Flores Ramos.
Esa versión pone en entredicho la actitud de comunarios de Colchani que, el 6 de enero de la presente gestión, bloquearon los hoteles de sal demandando que los propietarios paguen 15 mil dólares anuales por el uso de lo que ellos consideran su territorio.
El informe sobre la ubicación de los salares confirma lo que en su momento se dijo respecto a la ilegalidad de los cobros, pese a lo cual la gente de Colchani obligó a pagar diferentes montos por permitir que esas estructuras destinadas al turismo puedan funcionar.
Los hoteles “Luna Salada”, “Cristal Camaña” y “Hotel Colque” fueron bloqueados por gente en aparente estado de ebriedad que afectó el normal desarrollo de las labores de parte del personal y de los propios turistas que debieron salir a pie cargando sus mochilas hasta encontrar un transporte.
Dirigentes de Colchani negaron haber cometido irregularidades con al menos tres empresas hoteleras con quienes, aseguran, se llegaron a acuerdos para el pago “voluntario” de $us 30.000, cada uno, para el beneficio de la comunidad por tres años incumplidos.
