El Ministerio Público decidió abrir una investigación contra autoridades originarias y comunarios por la presunta extorsión a cuatro propietarios de los hoteles de sal del Salar de Uyuni.
Con un contundente “sí” respondió la fiscala departamental de Potosí, Roxana Choque, al ser consultada sobre el inicio de la pesquisa de lo que sucedió la semana pasada en Colchani.
Afirmó que, tras recibir una denuncia, la unidad de análisis admitió la querella contra comunarios por al menos dos delitos. La querella fue presentada por uno de los afectados, del cual no dio nombre ni apellido, sobre la base de obstaculización e impedimento del trabajo, cuando un grupo de pobladores bloqueó el acceso a los hoteles del Salar de Uyuni.
Choque afirmó que la denuncia está dirigida contra varias personas que, por principio de presunción, no dio nombres ni apellidos.
“La unidad de análisis ya ha derivado a la fiscal para que proceda conforme a procedimiento y, seguramente, trazará las tareas investigativas”, declaró en contacto con El Potosí.
La semana pasada, el cierre del paso a los turistas que tenían como destino tres hoteles de sal ha puesto en evidencia varias irregularidades que ahora deberá ser investigado a profundidad.
Las autoridades originarias de Colchani, en el conflicto de la semana pasada, subieron el monto anual de “regalías” de 8.000 a 10.000 dólares e inclusive de develó una deuda de 35.000 dólares por pagos devengados.
Ayer, el concejal de Uyuni y presidente de la Comisión de Desarrollo Ciudadano Territorial, Limbert Choque, indicó que es ilegal este tipo de cobros e informó que el legislativo municipal conformó una comisión mixta para lograr reuniones con hoteleros y comunarios en busca de la solución del tema.
