Basta un golpe de viento para que columnas de polvo mineralizado se levanten del Cerro Rico de Potosí. La montaña se encuentra tan dañada, y con tantos desechos de mineral encima, que los vientos moderados de este martes levantaron varias columnas y nuebes de polvo que muestran su elevado grado de deterioro.
Pero la inacción por parte del Estado para proteger ese patrimonio es tan evidente que ni siquiera una resolución constitucional consigue paralizar los trabajos ilegales en la cúspide. El 2 de marzo de este año, la Sala Constitucional Segunda emitió la resolución 5/2022 que admite como ciertas las denuncias sobre hundimientos en el cerro y trabajos ilegales en la cúspide, a partir de la cota 4.400. Con ese razonamiento, se otorgó un plazo de 180 días para que el Ministerio de Culturas defina accione efectivas de preservación del Cerro Rico en tanto patrimonio nacional.El plazo se ha cumplido y no se ha hecho nada para cumplir la resolución. Más aún, en mayo se tomó imágenes que demuestran que los hundimientos están empeorando.
Se instruyó el inicio de la migración de las operaciones mineras que se encuentran en la cúspide, encargándose ese trabajo a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). El plazo para terminar esa labor es de un año, que fenece el 2 de marzo de 2023.
En una isnpección realizada el último fin de semana, la comisión de medio ambiente del Concejo Municipal de Potosí, que preside Reyna Menacho, encontró que los hundimientos se habían ensanchado y, una vez más, se constató que el Estado boliviano no ha hecho nada para proteger al Cerro Rico ni para cumplir con la resolución constitucional.
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