“Existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la MAE, el RPC, los miembros de la comisión de evaluación de propuestas y de la comisión de recepción que suscribe como satisfactorio el proceso de invitación, evaluación y recepción conforme se evidencia en el presente informe”. 

La MAE es la Máxima Autoridad Ejecutiva, el RPC es el Responsable de Procesos de Contratación y el informe del que se extrae ese párrafo es el que emitió la Procuraduría General del Estado (PGE) luego de haber investigado el fallido proceso de compra de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí. La MAE es el gobernador, Jhonny Mamani. 

El documento, que fue filtrado a los medios el fin de semana, es el Informe Procuradurial No. 004/2022 de la PGE que lleva la firma del procurador, Wilfredo Chávez, y la fecha del 11 de marzo. Está dirigido al responsable de la Unidad de Transparencia de la Gobernación de Potosí, Oscar Gilamita. Durante el fin de semana, este diario intentó comunicarse, sin éxito, tanto con este funcionario como con quienes trabajan en la Dirección Departamental de la PGE. Cuanto más, se pudo verificar que la firma que aparece al final es igual a la que aparece en otros documentos como la de Chávez.

Pese a la fecha del documento, fuentes de la gobernación aseguran que el informe no llegó de manera oficial y, aunque que una copia les fue enviada por este diario, dijeron que no podían pronunciarse sobre su contenido porque se trata de información extraoficial. Agregaron que el documento podría ser un informe interno de la Procuraduría.

EL CONTENIDO

El informe observa directamente al contrato porque “existirían indicios de que el mismo es irregular e ilegal, siendo que para su celebración se aparta de los principios y directrices otorgadas por el DS No. 0181” (de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios).

“La Unidad Jurídica de la Gobernación de Potosí no cumplió con lo establecido por el Dictamen General No. 02/2015 siendo que no se evidenció que en el proceso de contratación y en la ejecución del contrato administrativo haya verificado que el contratista pueda cumplir materialmente las obligaciones contraídas, no hizo seguimiento al cumplimiento de los plazos y ante la identificación de irregularidades o ilícitos, no promovió las acciones necesarias para que a través de informe motivado, si correspondiere, recomienden a la Máxima Autoridad Ejecutiva la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO y la correspondiente EJECUCIÓN DE LAS BOLETAS Y/O PÓLIZAS DE GARANTÍA…”, agrega.

ILEGALIDADES

Estas son otras irregularidades que puntualiza el documento:

“Existirían indicios de que la empresa que se adjudicó la invitación directa no cumplía con los requisitos mínimos para adjudicarse la adquisición, ni mucho menos para efectuar la firma del contrato administrativo, toda vez que no contaba ni siquiera con un Número de Identificación Tributaria (NIT)”. A este respecto, en otra parte del documento se revela que “Impuestos Nacionales (SIN), mediante CITE: SIN/GDPT/DRE/NOT/74/2022 de fecha 2 de febrero de 2022 señala que de la revisión realizada en la base de datos la Distrital de Potosí, no se contaría con registro o constancia de que la empresa ESTEFAL LOGISTIC cuente con Número de Identificación Tributaria (NIT) como contribuyente”.

Más adelante señala que las contrataciones directas normadas en el D.S. 4432 “son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad contratante, sin embargo se designa la atribución al Responsable de Procesos de contrataciones como responsable de contratación directa, contraviniendo la normativa señalada”.

Y una observación clave que está en el documento es la siguiente:

“Se evidencia que se pretendía efectivizar el daño económico al Estado ya que se estaba pagando por la adquisición de 41 ambulancias que en ningún momento fueron efectivamente recibidas por la Gobernación, aspecto que era conocido por el gobernador de Potosí”.

El informe señala que se recomendó a la Dirección Departamental de la PGE que se apersone en todos los procesos penales que se hubieran abierto como consecuencia de este caso y se recomienda a Gilamita que haga lo mismo. Añade que se le pidió a la Asamblea Legislativa Departamental que prosiga con la fiscalización del contrato administrativo firmado con Stefals Logistics.

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