Luego de que El Potosí publicara una nota sobre el informe que la Procuraduría General del Estado elaboró respecto a la fallida compra de 41 ambulancias, la asambleísta departamental de oposición Azucena Fuertes pidió que esa institución haga público ese documento por la importancia que tiene para la ciudadanía boliviana.

En el documento se hace referencia a que, al haberse tramitado esta compra en el marco del decreto 4432, toda la responsabilidad recaía en la Máxima Autoridad Ejecutiva; es decir, el gobernador, y este no debió delegarla al Responsable del Proceso de Contrataciones, porque eso fue ilegal.

Fuertes hace referencia a esas observaciones y otras que coinciden con las que ella hizo desde el momento en que estalló el escándalo de las 41 ambulancias.

Dijo, también, conocer que la Defensoría del Pueblo le pidió a la Contraloría General del Estado que intervenga en este caso porque el retraso en la compra de las ambulancias estaría atentando contra el derecho a la salud de los habitantes de los 41 municipios a los que estaban destinados esos equipos. 

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.