Encontraron nuevos hundimientos.
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Una vez más, los mineros violaron la ley; pero, esta vez, la justicia decidió actuar. Los vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí le dieron la razón ayer al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en sus denuncias respecto a los hundimientos en el Cerro Rico.
Siguiendo las instrucciones de sus patrones, los socios cooperativistas, los mineros bloquearon los accesos a la parte superior del Cerro Rico, pero, pese a ello, se evidenció su deterioro porque incluso se halló tres nuevos hundimientos en el sector Santa Rita, los cuales podrían ampliarse debido a las fracturas que se ven en el suelo.
Con esa constatación, y sobre la base de los informes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), reportes e inspecciones de Comcipo, la Sala Constitucional segunda dispuso que las autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia y la Comibol apliquen sus propias normas, como la Ley de Minería, el reglamento de contratos y otros para iniciar el proceso de migración de las labores que se desarrollan en la parte alta debido al riesgo que corren los propios operadores mineros.
Destacó que esas reparticiones estatales deben impulsar la migración de los cooperativistas que trabajan por encima de la cota 4.400 aplicando una resolución en la cual se define esa labor como una prioridad.
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