La comisión de la Fiscalía de Potosí que investiga las supuestas irregularidades en el intento de compra de 41 ambulancias para la gobernación de este Departamento admitió la denuncia que la diputada Lissa Claros presentó en contra del gobernador, Jhonny Mamani, y otras personas presuntamente involucradas en ese proceso.

El decreto señala que la denuncia es admitida “en atención a la denuncia interpuesta por LISSA AMANDA CLAROS LORA en su condición de diputada nacional del Estado Plurinacional de Bolivia en contra de JHONNY MAMANI GUTIÉRREZ, JORGE PABLO VELARDE TORRICO, CARLOS ALBERTO AGUIRRE MARINO, DAVID FAVIO POZO MEDRANO Y LUIS RENÉ LOAYZA CABALLERO por la presunta comisión de los delitos de RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES, USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, BENEFICIO EN RAZÓN DEL CARGO, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y CONDUICTA ANTIECONÓMICA, previstos y sancionados en los Arts. 153, 146, 147, 154, 221 y 224 del Código Penal”. 

Velarde, Aguirre y Pozo son los integrantes de la comisión de calificación que firmaron el acta de recepción de las ambulancias, con fecha 31 de diciembre de 2021, mientras que Loayza es el responsable de procesos de contratación de la gobernación potosina. El memorial de demanda fue presentado el 24 de enero y el decreto de admisión es del 27 de ese mes. Claros fue notificada con la admisión ayer. Tras conocer la noticia, la legisladora dijo que solicitará el allanamiento de las oficinas de la gobernación en las que se encuentra la documentación del proceso por las 41 ambulancias.

Esta admisión se suma a otra, la que aceptó la denuncia que presentó el asambleísta departamental Jaime Flores por la presunta comisión del delito de estafa en el caso de las 41 ambulancias.

OTRA QUERELLA

“Vamos a ampliar la denuncia penal en contra del gobernador de Potosí (Jhonny Mamani), porque en este hecho tiene mucha responsabilidad esa autoridad por haber suscrito un contrato que no solamente tenía irregularidades administrativas, sino que también tenía irregularidades penales”: ese es el anuncio que formuló, este miércoles el abogado de la empresa Zegarra Motors, Richard Alejo, en respuesta a las actitudes de amedrentamiento que estuviera sufriendo su cliente.

Ayer, el jurista denunció públicamente que su cliente, Cristian Erik Zegarra, está sufriendo acciones de amedrentamiento que incluso atentan contra su derecho constitucional al libre tránsito por el territorio nacional, ya que hay personas que le siguen y vigilan sus movimientos. Esa versión está respaldada por imágenes captadas por las cámaras de seguridad que la empresa tiene en su frontis.

Fueron precisamente las cámaras las que grabaron a un sujeto que le estaba tomando fotografías a la fachada de la empresa, que está ubicada en el número 44 de la calle Perú, en la zona baja de Potosí. El individuo no disimulaba, sino que actuaba con todo desparpajo, con la evidente intención de que todos sepan que estaba tomando fotos. La familia Zegarra captó el mensaje: les están vigilando.

Para Alejo, esto es resultado del juicio anunciado contra Zegarra Motors y resulta una incongruencia que se quiera procesar como autor a quien fue víctima de un delito, pues tal fue el uso ilegal del NIT, e interpretó esa intención como un intento de tapar la responsabilidad que tiene en este caso el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani.

El artículo 32 del Decreto Supremo 181 dice que “la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión…” y, en el caso de la Gobernación de Potosí, la MAE es el gobernador quien, además, firmó los contratos con Stefals Logistics.

Con ese argumento se pedirá la ampliación del proceso en contra de Mamani.

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