Las movilizaciones de este año fueron provocadas por el contenido de las leyes que el gobierno de Luis Arce promulgó, promulga e intenta promulgar para aplicar una estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas y, por otra parte, cambiar el sistema económico del país.

El primer intento fue la aprobación del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que, finalmente, fue retirada, precisamente como consecuencia de las presiones.

En medio de las movilizaciones, se supo que ya se había promulgado una ley marco, la 1326, que está acompañada de un anexo en el que amplían las facultades de instituciones como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para recoger información, incluso de personas particulares.

La huelga general indefinida exige la abrogación de esa norma pero, además, se pide retirar un proyecto de ley que ya tiene recomendación de aprobación en el congreso, el número 342:

En esos documentos se puede leer que ya están en vigencia otras normas cuyo propósito es modificar modelos vigentes en el país, tanto políticos como económicos.

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