Los 11 concejales, entre oficialistas y opositores, se unieron ayer para defender sus intereses y presionar al alcalde Williams Cervantes a quien le piden que destituya a su director jurídico, Antonio Bobarín.
El plazo concedido al ejecutivo es de 24 horas. Según la presidenta, Cledy Ruiz, el sugerir el alejamiento de un funcionario de la Alcaldía está dentro de las atribuciones del Concejo Municipal.
Los concejales acusan a Bobarín de "asesorar mal" al ejecutivo municipal e inclusive de "usurpar funciones" del ente legislativo pero también de ir en contrarruta con la Ley 482 al pedir el traslado de la feria de manera temporal con un decreto.
Ruiz dijo que el funcionario ha calumniado, injuriado y difamado al Concejo al brindar una información errónea a la población potosina sobre el traslado de la feria.
La presidenta del Concejo manifestó que Bobarín no tiene la experiencia en el ejercicio de abogacía. "Está aprendiendo junto al alcalde", afirmó y anunció que la decisión de pedir el alejamiento del funcionario es institucional y unánime como el de presentar una querella contra él al Ministerio Público.
Al respecto, el alcalde Williams Cervantes mantuvo silencio hasta anoche y para hoy se tiene previsto brindar una conferencia de prensa.
En esa instancia hará conocer su decisión frente a la presión que ejerce el Legislativo para destituir a otro funcionario.
No obstante, Antonio Bobarín dijo que no descarta asumir acciones legales por las aseveraciones efectuadas por la presidenta del Concejo.
Antes de que pidan su alejamiento, el director jurídico de la Alcaldía cuestionó el actuar de los concejales y el informe que pusieron en conocimiento de los comerciantes de la denominada feria popular.
