Tras la radicalización de las acciones de protesta de los feriafranquistas y el posible rechazo del proyecto de ley municipal, para el traslado de la feria a la zona de Villa Banzer, en el Concejo Municipal se recurrirá a la Acción Popular porque supuestamente se restringe los derechos colectivos de la ciudadanía potosina.

El anuncio oficial lo hizo ayer el alcalde Williams Cervantes, luego de cumplir una inspección ocular a las siete avenidas donde se pretende el nuevo asentamiento de los comerciantes los fines de semana.

“Es una decisión que ya hemos tomado”, dijo y denunció que algunos concejales anuncian con poner trabas para que la propuesta del traslado de la feria sea rechazada.

“Si el Concejo Municipal no aprueba el proyecto de ley municipal vamos a recurrir a una Acción Popular para que se obligue de forma inmediata para la aplicación de la norma”, anunció con voz clara y precisa el ejecutivo.

La comisión jurídica del Concejo Municipal de Potosí tiene siete días, desde el viernes 7 de septiembre, para presentar un informe al pleno del ente deliberante para que los concejales analicen y debatan la propuesta.

Si en ese lapso no se presenta y se debate la norma proyectada se recurrirá a la Acción Popular que ya está respaldada jurídicamente por el ejecutivo municipal de Potosí.

“Una Acción Popular va en beneficio de la mayoría de la población y la mayoría está pidiendo el traslado de la feria”, señaló Cervantes. En el proyecto de ley inclusive presentan un trabajo de los estudiantes de la carrera de Estadística de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

En esa consulta efectuada el 4 de septiembre de 2018, se detalla que el 68 por ciento de la ciudadanía sugiere el traslado de la “feria popular” y solo el 32 % de la población no está de acuerdo.

El secretario con los movimientos sociales de la Alcaldía, Sergio Leaño, ratificó que se ha comprobado que la actual ubicación de los comerciantes no guarda relación por el elevado número de vendedores que se asientan en la avenida Sevilla y calles adyacentes.

Ratificó que actualmente el asentamiento de los comerciantes impide el normal desenvolvimiento de los centros de salud, Tribunal Departamental de Justicia, de unidades educativas, campo Ferial y las carreras y facultades universitarias que están en los distritos cinco y seis de la ciudad.

El secretario afirmó que otro de los justificativos para el traslado de la feria es que el actual comercio se asentó durante 30 años y durante ese tiempo la mancha urbana hasta el 2018 creció en un 90 por ciento.

Leaño explicó que las siete avenidas que actualmente se ofrece a los comerciantes son amplias pero, además, existen otras bondades que hacen de que la zona sea propicia para la “feria popular”.

La medida

La Acción Popular es una garantía constitucional, es decir, un medio procesal idóneo y efectivo y de naturaleza tutelar que tiene por objeto la protección inmediata y efectiva de los derechos e intereses colectivos.

Es una acción principal y directa, no es subsidiaria; es decir que no precisa agotar previamente ninguna otra vía legal (jurisdiccional o administrativa).

En Bolivia esta acción ingresa a su economía jurídica partir de la CPE de 2009, conforme a la revisión de los archivos del proceso constituyente, la inspiración del constituyente boliviano se encuentra en la Constitución y la legislación colombiana.