El diputado potosino por Demócratas, Gonzalo Barrientos, denunció ayer que el caso Quiborax comenzó con unas concesiones malhabidas que beneficiaron a David Moscoso.
Destacó que la Ley 1854 (Ley Valda) redujo la zona de reserva del Salar de Uyuni y aprovechando un resquicio otorgado por esa norma, el empresario David Moscoso consolidó trámites ante la Superintemdencia de Minas de Tupiza.
Según Barrientos, en base a esa "norma cuestionada" y las concesiones logradas con "documentos falsos", se habría logrado reducir el salar poniendo en la zona más rica de la reserva salina una empresa que aparece como si fuera socia de la chilena Química del Bórax (Quiborax).
El diputado potosino lamentó que el actual gobierno, durante más de una década no hizo nada para sancionar el loteamiento del salar y los que elaboraron la Ley 1854 y quienes traficaron con concesiones nacionales estén en la calle con el dinero que pagó el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a la Inversión (Ciadi).
